En una entrevista con RPP, Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, dijo que desde el punto de vista jurídico la resolución del juez Johnny Gómez Balboa “contiene un conjunto de deficiencias”.
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, criticó la decisión del juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, de ordenar 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde del distrito de Anguía, José Medina.
“A mí me parece que es una decisión popularmente correcta, pero jurídicamente incorrecta”, dijo en una entrevista con RPP.
En visión del letrado, la resolución judicial “obedece a la presión mediática” y reprochó al magistrado Johnny Gómez Balboa por haber “cedido” y dictar una medida que, a su juicio, “se aplaudirá en los medios”. “Seguramente el juez se convertirá en el nuevo héroe”, sostuvo.
Benji Espinoza explicó que desde el punto de vista jurídico la resolución judicial “contiene un conjunto de deficiencias”. “Pero ya el propio sistema de justicia establece que las decisiones de primera instancia no son definitivas, sino que existe una segunda de instancia de revisión”, manifestó.
La resolución judicial
Yenifer Paredes, cuñada del mandatario Pedro Castillo, y el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina, son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros.
Durante la lectura de resolución se indicó que se cumple el peligro de fuga y obstaculización por parte de Yenifer Paredes tras la demora en las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno, desaparición de videos y pedir que no difundan sus visitas en Anguía. Además, refirió que no tiene arraigo domiciliario ni por vínculo familiar ni por trabajo, por lo que no se asegura su sometimiento al proceso.
En el caso de José Medina, el juez Johnny Gómez Balboa concluyó que existe un alto peligro de fuga, obstaculización y destrucción de prueba.
Según la tesis de la Fiscalía, la cuñada del jefe del Estado y el alcalde distrital estaban presuntamente coludidos para ofrecer y adjudicar obras de manera irregular.
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