Fiscal estima que Yenifer Paredes podría recibir una pena mínima de 23 años de cárcel si es hallada culpable

El fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estimó que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, podría recibir una condena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad en caso sea hallada culpable de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

"En este caso la sumatoria asciende a 23 años y en la aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios en el presente caso correspondería aplicarse la pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad efectiva. Por lo tanto, la prognosis de la pena supera en exceso la exigencia de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268 letra b del Código Procesal Penal", explicó.

Durante la audiencia en la que el Ministerio Público sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, el fiscal explicó que a la cuñada del presidente Pedro Castillo se le imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, que por tratarse de delitos graves, contemplan penas que superan los cuatro años de pena privativa de la libertad previsto como requisito.

En respuesta, el abogado de Yenifer Paredes señaló que la gravedad de esta supuesta condena no puede ser utilizada por el Ministerio Público como justificación para atribuir un peligro de fuga en el caso de la hermana de la primera dama y, por el contrario, señaló que se debe considerar el arraigo de la persona investigada.

Yenifer Paredes la "lobbista" y Lilia Paredes la coordinadora

Más temprano, el fiscal Jorge García Juárez explicó que, según la tesis del Ministerio Público, Yenifer Paredes sería la "lobista" principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.

Según sustentó, en el caso conocido como 'El cajero y la cuñada' o 'caso Anguía', la organización criminal tendría como cabeza el presidente Pedro Castillo, quien trabajaba coordinadamente con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado.

En esta trama delictiva enquistada en el Ministerio de Vivienda también figuran como coordinadora la primera dama Lilia Paredes, como operador al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, como lobbista principal a Yenifer Paredes y como testaferros a los hermanos Espino Lucana.

Esta red criminal también tendría la participación como lobbistas de dos hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes, además de Rudbel Oblitas Paredes, sobrino político de Pedro Castillo. La tesis fiscal también apunta a un "Gabinete en la sombra" conformado por un grupo de profesionales que, de manera ilícita, tomaron decisiones para beneficiarse.

En el caso Anguía, el fiscal mencionó que la existencia de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda no se hubiera podido concretar sin las empresas de fachada: de propiedad de los empresarios hermanos Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana.

La organización criminal también contaba -según la tesis fiscal- con personas encargadas de asegurar los lobbies ilícitos, entre ellos los colaboradores Karelim López y Zamir Villaverde y dentro del Ministerio de Vivienda a Yenifer Paredes, quien sería la encargada de coordinar y contactar a diferentes alcaldes para "negociar" obras de manera ilícita.

"Sin Yenifer Paredes y Lilia Paredes las acciones ilícitas de esta organización criminal no habrían tenido éxito. Yenifer Paredes, como lobista principal, y Lilia Paredes, como coordinadora de toda la organización, tenían nexo de familiaridad con el presidente, quien emite los decretos por los cuales se otorga la buena pro de las obras", apunta la Fiscalía.

"La lobista Yenifer Paredes habría accedido a diferentes estamentos locales, entidades ediles, para que se pueda direccionar los expedientes técnicos para luego ejecutar obras y acceder a un beneficio económico", agregó el fiscal luego de revelar que en un allanamiento a su vivienda se encontraron sellos de instituciones municipales.

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