La defensa de la cuñada del expresidente Pedro Castillo sostiene que una resolución previa que le impidió variar de domicilio causó agravio a sus derechos fundamentales, constitucionales y legales.
Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, insistió en su pedido al Poder Judicial para que le permita variar de domicilio en la investigación preparatoria que se le sigue por el denominado caso ‘Anguía’.
A través de su defensa legal, Yenifer Paredes apeló la resolución emitida por el juez Raúl Justiniano, el último cuatro de noviembre, en la que declaró infundada la solicitud que hizo para variar su domicilio actual ubicado en el distrito limeño de Chorrillos a un inmueble que se encuentra el distrito de Chota, provincia de Chota en la región Cajamarca, por motivos laborales.
La defensa legal de Yenifer Paredes sostiene que la resolución impugnada causa agravio material e inmaterial a su patrocinada al impedir con este acto que se garantice la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, constitucionales y legales, por lo que demanda que la instancia superior revoque está decisión y se proceda a declarar fundado este pedido de variación de domicilio.
Ante ello, el juez Raúl Justiniano Romero resolvió el último 28 de noviembre conceder este recurso de apelación y remitirlo a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.
Tesis fiscal
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, a sus hermanos Yenifer, David y Walter Paredes, el exalcalde de Anguía, José Medina y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas.
Esta presunta organización criminal tenía como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se habría favorecido a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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