Mientras se acerca la fecha límite para las propuestas finales, Google intensifica su estrategia legal contra el plan de separación forzada de Chrome.
Google ha intensificado sus esfuerzos para persuadir al Departamento de Justicia (DOJ) bajo la administración del presidente Donald Trump de que abandone la propuesta de desmantelar la compañía, argumentando que tal medida podría comprometer la seguridad nacional estadounidense, según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones citadas por Bloomberg.
Representantes de la filial de Alphabet mantuvieron reuniones la semana pasada con funcionarios del gobierno para solicitar una postura menos agresiva frente al caso antimonopolio que un juez federal falló en contra de Google en agosto pasado. En dicho fallo histórico, se determinó que la empresa había mantenido ilegalmente un monopolio en los mercados de búsquedas y publicidad digital.
La administración Biden había propuesto en noviembre de 2023 medidas drásticas, incluyendo la venta forzada del navegador Chrome y la prohibición de los acuerdos de exclusividad multimillonarios que mantiene con compañías como Apple para preinstalar su motor de búsqueda. Ahora, con el cambio de administración, Google busca aprovechar la oportunidad para revertir estas propuestas antes de que el juez Amit Mehta emita su decisión final.
"Nos reunimos regularmente con reguladores, incluido el DOJ para discutir este caso", declaró Peter Schottenfels, portavoz de Google, en un comunicado. "Como hemos dicho públicamente, estamos preocupados de que las propuestas actuales dañen la economía estadounidense y la seguridad nacional."
El argumento de seguridad nacional no es nuevo para Google, pero cobra relevancia especial en este momento en que el caso ha entrado en su fase de "remedio", durante la cual el tribunal puede imponer cambios profundos en el modelo de negocio de la empresa. Durante la reunión de la semana pasada, los representantes de Google enfatizaron la importancia crítica de la compañía para la economía estadounidense, aunque no especificaron amenazas concretas derivadas de las propuestas del DOJ.
Este enfoque resuena con recientes declaraciones del presidente Trump y del vicepresidente JD Vance, quienes han criticado a los reguladores de la Unión Europea por sus políticas hacia las grandes tecnológicas estadounidenses. A finales del mes pasado, la Casa Blanca cuestionó específicamente la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales de la UE.
Omeed Assefi, asistente fiscal general interino para Antimonopolio, será quien tome la decisión final sobre las recomendaciones que el Departamento de Justicia presentará esta semana. Assefi dirige la división antimonopolio mientras se espera la confirmación de Gail Slater, nominada por Trump para el cargo. El Comité Judicial del Senado ya votó 20-2 a favor de enviar la nominación de Slater al pleno, aunque aún no se ha programado la votación.
Entre las medidas bajo consideración, se encuentra si las restricciones a las inversiones de Google en inteligencia artificial deberían ser retroactivas o solo aplicables a futuro. La propuesta actual obligaría a Google a deshacer sus inversiones en empresas como Anthropic, que recientemente expresó su preocupación por la amenaza a sus relaciones comerciales con Google.
Mientras tanto, ambas partes se preparan para las audiencias programadas para abril. El CEO de Google, Sundar Pichai, fue interrogado la semana pasada por abogados del gobierno, y Liz Reid, jefa de búsquedas de la compañía, está programada para declarar esta semana. Empleados de Microsoft, OpenAI y Perplexity AI también han prestado declaraciones en las últimas semanas.
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