La Ley SB 54 de California limita la colaboración con ICE, protegiendo a los inmigrantes y garantizando su acceso a servicios básicos sin temor a detenciones o deportaciones.
En California, miles de inmigrantes encuentran una protección legal fundamental gracias a la Ley SB 54, conocida como la "Ley de Santuario". Esta legislación estatal limita la colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), estableciendo barreras para las detenciones y deportaciones ordenadas por el gobierno federal.
Al restringir la participación de la policía local en operativos migratorios, la ley refuerza el acceso de los inmigrantes a servicios esenciales sin temor a ser detenidos por su estatus migratorio. Además, permite que los residentes indocumentados puedan reportar delitos y situaciones de emergencia sin riesgo de ser entregados a ICE.
Aprobada en 2017, la SB 54 ha sido un pilar de defensa para las comunidades inmigrantes, destacándose como un símbolo de resistencia frente a políticas federales que buscan criminalizar a las personas por su origen. Su implementación ha influido en otros estados que consideran adoptar medidas similares.
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La Ley SB 54 de California: un escudo legal para los inmigrantes
La Ley SB 54, también conocida como la "Ley de Valores de California", promulgada en octubre de 2017, limita severamente la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este cambio legislativo tiene como objetivo proteger los derechos de los inmigrantes al evitar su detención y deportación sin el debido proceso legal.
Entre sus disposiciones clave se incluyen la prohibición de indagar el estatus migratorio durante operativos, el impedimento de arrestos solo por violaciones migratorias menores, y la restricción de compartir información personal con ICE. La ley también impide que las fuerzas locales retengan a inmigrantes para facilitar su captura por ICE.
Para los inmigrantes en California, esto significa mayor seguridad y acceso a servicios esenciales como salud y educación sin temor a ser detenidos. Además, fomenta la confianza en las autoridades locales y fortalece la cohesión social.
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