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Centros de detención ICE: Negligencia médica y llamadas al 911 revelan crisis en USA

Centros de detención ICE 2025: Los lugares aumentaron su capacidad a más de 100 000 camas sin licitación, principalmente con empresas privadas como CoreCivic y GEO Group.
Centros de detención ICE 2025: Los lugares aumentaron su capacidad a más de 100 000 camas sin licitación, principalmente con empresas privadas como CoreCivic y GEO Group. | Fuente: Ilustración

En solo seis meses, casi 400 llamadas al 911 desde centros del ICE revelan un sistema que no responde a tiempo ante emergencias médicas y abusos graves.

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Una investigación reveló que casi 400 llamadas al 911 fueron realizadas desde centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la primera mitad de 2025. Las emergencias incluyen convulsiones, complicaciones de embarazo, intentos de suicidio y denuncias de abuso sexual. Las respuestas tardías y la falta de protocolos efectivos han dejado al descubierto una profunda crisis sanitaria y operativa en el sistema de detención migratoria estadounidense.

Durante estos seis meses, las grabaciones de llamadas dan cuenta de un patrón de desatención sistemática. La información revela al menos 50 casos de emergencias cardiovasculares, 26 convulsiones, 17 traumatismos craneales y siete intentos de autolesión. En seis de estas llamadas se denunciaron agresiones sexuales, algunas cometidas por el propio personal del centro.

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Condiciones críticas en centros administrados por privados

Las instalaciones administradas por contratistas privados como CoreCivic y GEO Group presentan un panorama especialmente crítico. Según expertos, estos centros carecen de personal médico capacitado, infraestructura adecuada y protocolos de atención rápidos, agravando las emergencias y demorando respuestas vitales.

La sobrepoblación y el aislamiento de estos centros complican aún más la atención médica. Las acreditaciones que ostentan no garantizan estándares mínimos. Diversos especialistas afirman que los procedimientos son insuficientes y no abordan los problemas estructurales del sistema.

Casos que retratan el colapso institucional

El caso de Rodney Taylor, un detenido con doble amputación, refleja el grado de abandono. Tras una caída en el Stewart Detention Center, en Georgia, pasó hasta cuatro días sin ser trasladado a un hospital, según denunció su prometida. Esta demora ilustra cómo los centros están operando sin capacidad para afrontar emergencias básicas.

Otro caso impactante ocurrió en Aurora, Colorado, cuando Melvin Ángel Calero Mendoza colapsó dentro del centro. La llamada al 911 estuvo plagada de errores: los agentes no sabían la dirección exacta ni detalles clínicos del paciente. El desfase de siete minutos en la respuesta médica fue decisivo. Calero murió por una embolia pulmonar.

Muertes en custodia y expansión sin control

El número de muertes bajo custodia también está en aumento. Johnny Noviello, ciudadano canadiense detenido en Miami, fue hallado inconsciente con sangrado cerebral. Aunque se activó el protocolo de emergencia y se llamó al 911, murió pocas horas después. En lo que va del año, al menos ocho personas han muerto en custodia de ICE.

Pese a este panorama, ICE ha incrementado su capacidad de detención de 41 000 a más de 100 000 camas, mediante contratos sin licitación. California planea abrir el mayor centro en una antigua prisión estatal con una inversión inicial de U$D 10 millones.

Organizaciones como la ACLU advierten que estas expansiones, sin mejoras en la atención médica, solo profundizarán los riesgos físicos y mentales de los detenidos. Denuncian que casos de neumonía o embarazos complicados siguen recibiendo atención tardía e ineficiente.

Un sistema que delega su responsabilidad

Especialistas coinciden en que ICE ha construido un modelo que traslada su responsabilidad médica a los servicios de emergencia. En lugar de resolver problemas internamente, se espera que el 911 actúe como sustituto de un sistema de salud colapsado. La falta de supervisión y el uso de centros remotos controlados por privados refuerzan un entorno de alto riesgo para miles de personas en custodia.

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