La justicia estadounidense exige reincorporar a los empleados despedidos tras una orden ejecutiva que pretendía desmantelar el Departamento de Educación.
Un juez federal en Boston bloqueó de forma provisional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos. El fallo ordena que los empleados despedidos por la medida sean restituidos de inmediato a sus puestos, al considerar que el Ejecutivo actuó sin base legal para desmantelar una agencia creada por el Congreso.
La resolución, emitida por el magistrado Myong Joun, responde a una demanda interpuesta por 21 estados con gobiernos demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts. El documento judicial advierte que la intención del decreto no era una simple reorganización administrativa, sino la “desactivación completa” del departamento sin autorización legal alguna.
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El decreto de marzo y sus efectos inmediatos
La orden ejecutiva, firmada por Trump el pasado 20 de marzo, ordenaba el despido de casi la mitad del personal del Departamento de Educación y disponía la transferencia inmediata de competencias clave —como la administración de préstamos estudiantiles y los programas de educación especial— hacia otras agencias federales. El fallo judicial considera que tales acciones vulneran el principio de separación de poderes y exceden la autoridad del Poder Ejecutivo.
Reacciones políticas y respuesta del gobierno
El Departamento de Justicia ya ha anunciado que apelará la decisión. Madi Biedermann, subsecretaria adjunta de comunicaciones, declaró que la Casa Blanca rechaza el fallo y criticó al juez Joun, en una postura que sigue el tono combativo de Trump frente a decisiones judiciales adversas. Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, líder de la demanda, celebró la sentencia y aseguró que “restituye un orden legal frente a un intento arbitrario de desmantelar una institución esencial”.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, también advirtió sobre las consecuencias prácticas del cierre del departamento. Según indicó, la medida impulsada por Trump ponía en riesgo servicios fundamentales para las escuelas públicas, como el acceso a financiamiento federal y la atención educativa especializada para estudiantes con discapacidades.
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