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El Departamento de Justicia argumenta que la residencia permanente puede anularse incluso décadas después por fallos administrativos o excepciones migratorias.
Una postura legal defendida por el gobierno de Donald Trump ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito amenaza con debilitar la seguridad jurídica de millones de inmigrantes en Estados Unidos. El Departamento de Justicia sostuvo que el fiscal general tiene autoridad para cancelar una Green Card en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su emisión.
Esta afirmación fue presentada por la abogada Lindsay Murphy durante la revisión del caso de Mohammad Qatanani, un ciudadano palestino residente en Nueva Jersey desde 1996, cuya residencia permanente legal ha sido puesta en duda más de dos décadas después de haber sido otorgada. El argumento del gobierno plantea que incluso errores administrativos menores justificarían una revocación retroactiva del estatus migratorio.
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El caso que podría marcar un precedente
La controversia gira en torno a que la residencia de Qatanani no estaría “oficialmente concluida” debido a supuestas omisiones como la falta de número de visa asignado o la ausencia de actualizaciones biométricas. Según el Departamento de Justicia, estos detalles habilitarían al gobierno a reconsiderar el estatus migratorio en cualquier momento bajo “circunstancias excepcionales”.
Esta reinterpretación legal modifica el entendimiento tradicional de la Green Card como un documento seguro y permanente. Si la Corte del Tercer Circuito respalda esta visión, se abriría la puerta para futuras revocaciones sin importar el tiempo transcurrido desde la aprobación de la residencia, generando gran incertidumbre en la comunidad migrante.
Expertos cuestionan la legalidad y consecuencias
Diversos especialistas en derecho migratorio han cuestionado la legalidad y las consecuencias de esta nueva postura. Amelia Wilson, docente de la Elisabeth Haub School of Law, subrayó que el proceso para revocar una Green Card debe respetar garantías mínimas como la notificación formal, el derecho a defensa y la necesidad de pruebas contundentes.
Por su parte, Bradford Bernstein, abogado con experiencia en inmigración, advirtió que aceptar este enfoque permitiría anular residencias legales por simples errores burocráticos, sin necesidad de demostrar fraude o mala conducta. En su opinión, esto socava la confianza en el sistema migratorio y deja a millones de personas en un limbo legal.
Posibles efectos nacionales si se acepta el planteamiento
Aunque la decisión que adopte la Corte de Apelaciones impactaría directamente en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware —jurisdicciones del Tercer Circuito—, existe el riesgo de que otros tribunales comiencen a replicar esta interpretación, generando un efecto dominó en todo el país.
El caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde se definiría un precedente vinculante para todo Estados Unidos. Al no tratarse de una ley aprobada por el Congreso, sino de una reinterpretación administrativa, la implementación sería más rápida, pero también más difícil de apelar por parte de los residentes legales.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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