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La jueza Charlotte Sweeney dictó una sentencia que protege a inmigrantes en EE.UU. y cambia la manera en que el gobierno de Trump maneja las deportaciones.
La jueza federal Charlotte Sweeney ha dictado un fallo que obliga al gobierno de Donald Trump a reformar su procedimiento de deportación de inmigrantes. La decisión exige que los inmigrantes reciban un aviso previo de 21 días antes de cualquier acción, con la novedad de que dicha información debe ser proporcionada en su idioma natal.
El fallo, que impacta directamente a los procedimientos relacionados con las deportaciones, es fruto de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). La organización argumenta que el gobierno de Trump no estaba cumpliendo con las normas mínimas del debido proceso, al notificar a los inmigrantes con un plazo insuficiente y sin brindarles la oportunidad de apelar correctamente.
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El impacto del fallo sobre las políticas migratorias
Con esta decisión, la jueza Sweeney no solo establece la necesidad de un aviso de 21 días, sino que también hace obligatorio que todas las comunicaciones relacionadas con las deportaciones sean entregadas en el idioma natal del inmigrante. Este aspecto del fallo asegura que las personas afectadas puedan comprender completamente sus derechos y los mecanismos legales disponibles para apelar, algo que no sucedía previamente con la política implementada por el gobierno de Trump.
El contexto legal de las deportaciones bajo la administración Trump
La sentencia de Sweeney también se produce en un contexto más amplio, en el que la administración Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros para implementar una serie de deportaciones, especialmente dirigidas a personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Esta ley, vigente desde 1798, ha sido aplicada para justificar la expulsión de inmigrantes vinculados a actividades criminales o bandas peligrosas, como las que operan en países de América Latina, incluido El Salvador.
Bajo la administración Trump, las deportaciones hacia El Salvador han aumentado considerablemente. En 2024, se registraron más de 327 000 deportaciones en los últimos 20 años, con un promedio de diez vuelos mensuales. Sin embargo, el caso más controversial fue el de los inmigrantes venezolanos deportados en marzo de 2025, muchos de los cuales fueron acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, aunque no existían pruebas claras de su implicación.
Este tipo de deportaciones ha sido uno de los puntos más criticados por defensores de los derechos humanos, quienes denuncian el abuso de poder y la falta de transparencia en los procesos. La ACLU ha señalado que muchos inmigrantes fueron deportados sin ser debidamente informados sobre sus derechos, lo que dificulta su capacidad para apelar y buscar una solución legal a su situación.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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