El gobernador Ron DeSantis firmó una ley que limita el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios básicos y empleo, generando incertidumbre en la comunidad latina.
En un movimiento que ha generado preocupación en la comunidad inmigrante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva legislación que impone restricciones significativas a los inmigrantes indocumentados. La ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, prohíbe a las personas sin estatus legal conducir con licencias emitidas por otros estados que las otorgan a inmigrantes indocumentados.
Además, se establece que será un delito grave el uso fraudulento de documentos de identificación para obtener empleo. Estas medidas han generado un clima de temor entre los inmigrantes, quienes temen ser detenidos o deportados debido a la implementación de la ley.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto negativo que esta legislación tendrá en la comunidad latina y en la economía del estado.
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Implicaciones de la nueva legislación en la atención médica y la cooperación con autoridades migratorias.
La nueva ley firmada por el gobernador DeSantis también tiene un impacto significativo en el acceso a la atención médica para los inmigrantes indocumentados. A partir de su implementación, los hospitales que aceptan Medicaid deberán preguntar a todos los pacientes sobre su estatus migratorio en los formularios de registro.
Esta medida ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos humanos, quienes afirman que disuadirá a muchos inmigrantes, incluso a aquellos que necesitan atención urgente, de buscar la ayuda médica que requieren.
La incertidumbre y el temor de ser identificados y deportados podrían agravar la salud de quienes ya enfrentan barreras en el acceso a servicios médicos. Además, la ley estipula que aquellos bajo custodia y sujetos a una orden de detención migratoria tendrán que proporcionar una muestra de ADN, lo que amplía la cooperación entre las agencias locales y federales en materia de inmigración.
Estas disposiciones han generado un fuerte rechazo entre las organizaciones defensoras de los inmigrantes, que las consideran excesivas y dañinas para la comunidad latina de Florida.
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