Las autoridades migratorias en Estados Unidos vuelven al centro del debate con una nueva iniciativa desde Florida.
La senadora Ashley Moody presentó ante el Congreso un proyecto de ley que podría cambiar de forma significativa la política migratoria en Estados Unidos. Bajo el nombre de “Ley de Remoción Acelerada de Extranjeros Criminales”, la propuesta busca facultar a los estados como Florida para colaborar directamente con las agencias federales en la identificación y expulsión de inmigrantes ilegales con historial delictivo, vínculos con pandillas o grupos catalogados como terroristas, como el Tren de Aragua.
De ser aprobada, esta ley permitiría que los gobiernos estatales aceleren procesos de deportación en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin depender exclusivamente de procedimientos federales. Moody, en declaraciones a Fox News, argumentó que la medida responde a una creciente preocupación por la seguridad nacional y pretende “llenar los vacíos” dejados por la administración actual en materia migratoria.
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Proyecto genera preocupación entre defensores de derechos civiles.
El anuncio no ha estado exento de polémica. Diversas organizaciones defensoras de los inmigrantes y activistas por los derechos civiles han expresado su rechazo al proyecto, advirtiendo que podría provocar deportaciones injustificadas y reforzar estereotipos criminales contra la comunidad migrante. Algunos expertos legales también señalan que la ley podría abrir la puerta a conflictos de jurisdicción entre estados y el gobierno federal.
Además, en un contexto electoral cada vez más polarizado, la iniciativa es vista como parte de una estrategia política para consolidar apoyos en sectores conservadores. No obstante, sus críticos temen que termine afectando a inmigrantes que ya cumplen sentencias, o incluso a aquellos con delitos menores o cargos antiguos.
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