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El centro de detención Delaney Hall abrió en Newark en medio de protestas, disputas legales y críticas del alcalde Baraka, quien lo considera una amenaza a los derechos civiles.
La apertura de un nuevo centro de detención migratoria en Newark, Nueva Jersey, ha generado una ola de protestas y una disputa legal entre autoridades locales y el gobierno federal. El recinto, conocido como Delaney Hall, cuenta con capacidad para mil personas y comenzó a operar el 1 de mayo en una zona industrial junto a Newark Bay, administrado por una empresa privada de prisiones.
La instalación se enmarca en la estrategia de endurecimiento migratorio impulsada durante la administración de Donald Trump, que busca acelerar las deportaciones de personas sin estatus legal. La medida fue rechazada públicamente por el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien participó en manifestaciones frente al edificio y presentó una demanda contra la compañía operadora por presuntas irregularidades en los permisos de construcción.
El caso refleja el enfrentamiento entre la política migratoria federal y los gobiernos locales demócratas, que critican tanto el enfoque represivo como la falta de coordinación. Mientras tanto, el centro continúa funcionando en medio de una creciente tensión social y judicial.
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La apertura del centro de detención Delaney Hall, en Newark, ha generado un fuerte enfrentamiento entre el alcalde Ras Baraka y el Grupo GEO, la empresa que lo administra. El recinto, antes destinado a la reinserción social, fue convertido en centro de detención tras un acuerdo de 1.000 millones de dólares entre GEO e ICE, con una duración de 15 años.
Baraka, quien enfrenta primarias demócratas para la gobernación de Nueva Jersey, ha denunciado que la instalación carece de permisos municipales básicos, incluyendo un certificado de habitabilidad. La ciudad presentó una demanda para bloquear su funcionamiento, argumentando violaciones al código de construcción.
Mientras el caso se traslada a un tribunal federal, el Grupo GEO defiende la legalidad del proyecto, resaltando su impacto económico: promete cientos de empleos sindicalizados y un aporte estimado de 50 millones de dólares a la economía local. La empresa acusa al alcalde de usar el tema con fines políticos.
ICE no ha confirmado si ya hay detenidos en el lugar, lo que mantiene la polémica en curso.
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