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Un aporte de U$D 10 millones vinculado a Medicaid habría sido desviado a un comité que apoya la agenda conservadora del gobernador Ron DeSantis.
Hope Florida, el programa creado por la primera dama de Florida, Casey DeSantis, atraviesa su momento más crítico. Lo que fue presentado como una vía para reducir la dependencia del Estado y conectar a los ciudadanos con recursos del sector privado, ahora enfrenta acusaciones por una presunta triangulación de fondos públicos hacia intereses políticos. El detonante fue una donación de U$D 10 millones vinculada a un contrato de Medicaid, la cual habría terminado en manos de un comité político afín al gobernador Ron DeSantis.
A pesar de que el mandatario calificó las críticas como parte de una “jugada política”, documentos revelados por solicitud pública han confirmado que existe una investigación criminal en curso. El fiscal estatal Jack Campbell, que inicialmente negó la existencia de una pesquisa, reconoció que su oficina está revisando el caso activamente.
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La conexión entre Hope Florida y el dinero de Medicaid
La polémica se concentra en un acuerdo de U$D 67 millones entre el Estado y un contratista de Medicaid. De ese monto, una fracción de U$D 10 millones habría sido redireccionada a un comité que busca frenar una propuesta constitucional para legalizar la marihuana recreativa. Dicha causa ha sido consistentemente rechazada por el gobernador. El representante estatal republicano Alex Andrade aseguró que la operación “parece un fraude criminal”, lo que elevó la presión pública.
Ron DeSantis ha intentado desmarcarse al declarar que esos U$D 10 millones fueron apenas “una cereza del pastel” dentro de un acuerdo mayor. Sin embargo, el hecho de que el dinero esté vinculado al sistema de salud pública y a la campaña política ha encendido las alarmas éticas.
El rol de Casey DeSantis y la fundación paralela
Hope Florida Foundation fue creada en 2023 como una entidad sin fines de lucro, presuntamente separada del programa estatal. No obstante, comparte personal, objetivos y estructura organizativa. Aunque el nombre de Casey DeSantis no figura en los documentos legales, su implicancia política es evidente. El presidente de la fundación, Josh Hay, admitió ante la Legislatura que no habían cumplido con sus estatutos internos y prometió corregir esas fallas. Pocas semanas después, el director ejecutivo Erik Dellenback renunció.
La fundación tiene autorización para recibir donaciones, administrar fondos y otorgar subvenciones sin supervisión directa del Estado, lo que incrementa los riesgos de un uso discrecional de recursos. Su nexo con el Departamento de Niños y Familias, el cual implementa el programa Hope Florida, borra las líneas entre lo público y lo privado.
La controversia ha tenido un impacto directo en los planes legislativos. Un proyecto de ley que buscaba codificar el programa como política pública quedó paralizado. Además, comienzan a circular versiones sobre una posible candidatura de Casey DeSantis a la gobernación en 2026, lo que añade una nueva capa de interés político al caso.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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