La norma perjudica aún más a jubilados con ingresos fijos o compradores primerizos en Florida, Estados Unidos. Revisa los detalles en esta nota.
Tras la tragedia del colapso del edificio de condominios en Surfside en 2021, ahora los recaudos están en la orden del día y reglamentados. En ese sentido, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que afecta directamente a los propietarios de condominios con costos que superan los U$D 100 000.
En Florida, los propietarios de condominios enfrentan una nueva ola de costos inesperados debido a recientes cambios en la legislación estatal. Una de estas, conocida como la Ley 4-D del Senado, requiere que todos los edificios de condominios de tres pisos o más, con al menos 30 años de antigüedad, se sometan a una evaluación de ingeniería antes del 31 de diciembre de 2024.
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El impacto financiero de la nueva ley de DeSantis
La implementación de estas normativas ha revelado que muchas asociaciones de condominios no estaban preparadas financieramente y carecían de los fondos necesarios para cubrir los costos de inspección y reparación. Como resultado, los propietarios de unidades reciben facturas exorbitantes para cubrir estas evaluaciones y trabajos de mantenimiento.
Además de las tarifas de evaluación, las asociaciones de condominios deben aumentar sus reservas para futuras necesidades de mantenimiento. Esto se suma a las ya altas cargas financieras que enfrentan los propietarios, incluidos los pagos de hipotecas, impuestos sobre la propiedad y seguros de vivienda, todos en alza en los últimos años.
La incapacidad para pagar estas tarifas de evaluación puede llevar a muchos propietarios a tomar decisiones difíciles, como vender sus unidades. Esto es especialmente crítico para jubilados con ingresos fijos o compradores primerizos que han invertido todos sus ahorros en sus viviendas.
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