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por Elizabeth Rosas
·Las redadas migratorias en Puerto Rico desatan el miedo en una conocida comunidad latina. Se reportan casos de detenciones masivas, escuelas vacías y sobre todo, vidas paralizadas.
La comunidad dominicana en San Juan, Puerto Rico, enfrenta un temido desafío. Barrio Obrero, una zona que solía vibrar con música, risas y movimiento, hoy vive un ambiente de silencio y temor tras meses de redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.
Un reportaje de El País revela que lo que antes era una plaza llena de vida, hoy está prácticamente desierta. “Antes, a esta hora ya se oían las velloneras”, lamenta la pastora Nilka Marrero. Su iglesia se ha convertido en un centro de asistencia: Se reparten alimentos casa por casa, porque muchas personas ya no se atreven ni a ir al supermercado por miedo a ser detenidas. “Esta es una ciudad sitiada”, advierte.
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Las redadas golpean duro a la comunidad dominicana
Desde enero, Puerto Rico ha sido escenario de múltiples redadas migratorias. La primera ocurrió seis días después de que Trump asumiera su segundo mandato. En total, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), 445 personas han sido detenidas en la isla, de las cuales el 72% son dominicanos. Aunque las autoridades insisten en que se busca a personas con historial criminal, el DHS confirmó que solo el 16,6% de los arrestos fueron por delitos penales, mientras que el resto fueron administrativos.
Las consecuencias son palpables: Barrios enteros han quedado paralizados por el miedo. La asistencia escolar cayó hasta un 70% en zonas de alta población inmigrante, según el Departamento de Educación de Puerto Rico. Además, muchos inmigrantes han perdido acceso a salud y medicamentos por temor a salir de casa.
Aislamiento legal y respuesta social
La ACLU ha denunciado la falta de acceso a representación legal para los detenidos. “Casi todos los inmigrantes detenidos son trasladados fuera de Puerto Rico en menos de 78 horas”, explica Annette Martínez Orabona, directora de la organización en la isla. Esta práctica los separa de su comunidad y de sus abogados locales, agravando su situación legal.
Frente a esto, organizaciones civiles y religiosas como la Iglesia Metodista de San Pablo han activado redes de apoyo. “Un corredor de larga distancia practica todos los días; nosotros llevamos 10 años en esto”, afirma Marrero. La esperanza resiste, incluso ante un gobierno local que muchos califican de “apático”.
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