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La implementación de la Real ID avivó críticas contra estados santuario y abrió un debate sobre su uso como herramienta para identificar a los inmigrantes indocumentados.
Lo que comenzó como una medida técnica para reforzar la seguridad en Estados Unidos se ha transformado en un nuevo campo de batalla político. Desde el 7 de mayo, la normativa Real ID está en vigor para vuelos domésticos y accesos a instalaciones federales, pero su implementación ha generado una intensa controversia sobre su impacto en comunidades inmigrantes, especialmente en estados con políticas santuario.
La polémica tomó fuerza tras las declaraciones de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien aseguró que la Real ID ayudaría a identificar a quienes están legalmente en el país. En una conferencia en Springfield, Illinois, Noem acusó al gobernador JB Pritzker de permitir que criminales peligrosos circulen libremente, lo que fue interpretado como una ofensiva contra las políticas migratorias de ese estado.
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Tensión entre seguridad y derechos de los inmigrantes
Las críticas no tardaron en llegar. El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, respondió con firmeza, acusando a Noem de usar la Real ID como un “arma” política. Según Giannoulias, la secretaria está desviando el propósito original de la ley, que fue creada tras los atentados del 11 de septiembre para mejorar la seguridad nacional mediante la verificación de identidad.
Organizaciones de derechos civiles también han manifestado su preocupación por el uso político de una herramienta técnica. Alegan que podría usarse para sembrar miedo entre las comunidades inmigrantes y reforzar narrativas que criminalizan la inmigración.
Confusión y desinformación sobre la Real ID
Uno de los principales problemas es la confusión que ha generado el sistema entre la población. Aunque la Real ID certifica que una persona reside legalmente en EE.UU., no especifica el tipo de estatus migratorio. No diferencia entre ciudadanos, residentes permanentes o personas con TPS o DACA, pero el discurso público ha distorsionado esa precisión técnica.
Para quienes no pueden acceder a una Real ID, algunos estados emiten identificaciones alternativas con marcas que las excluyen de ciertos usos federales. A pesar de ello, el DHS ha recalcado que portar una identificación no válida para fines de Real ID no implica automáticamente una situación migratoria irregular.
Diferencias legales según el estado
La implementación varía entre estados, lo que profundiza la incertidumbre. En Connecticut, por ejemplo, solo los ciudadanos y residentes permanentes pueden obtener la Real ID, lo que deja fuera a miles de personas con estatus migratorio legal, pero diferente.
Este mosaico normativo ha generado preocupación entre expertos en derechos civiles, que advierten sobre la falta de claridad y coherencia en la aplicación de la ley. La percepción pública, sumada al discurso político, puede derivar en discriminación, a pesar de que el objetivo oficial de la Real ID no sea migratorio sino de seguridad.
Así, una política nacida del deseo de proteger ha terminado encendiendo alarmas sobre posibles usos indebidos que afectan directamente a quienes ya viven con temor en la compleja realidad migratoria estadounidense.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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