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por Elizabeth Rosas
·Trump se dirigió en contra de abogados que presenten demandas contra sus políticas migratorias, acusándolos de fomentar fraudes. La ACLU advirtió que esta medida atenta contra el Estado de derecho.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Donald Trump ha impulsado una serie de órdenes ejecutivas para endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos. Sin embargo, dichas medidas han generado una oleada de litigios por parte de organizaciones de derechos civiles y abogados que buscan frenar su aplicación.
Ante este escenario, el mandatario ha emitido un memorando en el que amenaza con sancionar a los profesionales del derecho que presenten demandas contra sus decisiones migratorias.
En el documento, Trump argumenta que los abogados están promoviendo "fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito" en el sistema migratorio, por lo que ha instruido al Departamento de Justicia a tomar medidas disciplinarias.
Además, ha ordenado que se revoquen credenciales y contratos gubernamentales a los bufetes que, según su criterio, interpongan litigios "frívolos, irrazonables y vejatorios".
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Críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles
La decisión del presidente ha sido duramente criticada por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como "un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia".
Además, señaló que Trump busca "silenciar" a los abogados que intentan exigir responsabilidades al gobierno cuando se vulneran los derechos de la población migrante.
Actualmente, los tribunales federales examinan más de un centenar de demandas contra políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Entre los casos más recientes, un juez ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
Estas acciones reflejan la tensión creciente entre el poder ejecutivo y el judicial, en un contexto donde las decisiones migratorias continúan siendo un tema de alto impacto social y político.
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