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por Redacción USA
·Un nuevo acuerdo con el gobierno federal enciende las alarmas entre los inmigrantes. Esto es lo que podría cambiar en uno de los estados más conservadores de Estados Unidos.
En tiempos en los que la comunidad inmigrante busca estabilidad y respeto dentro de Estados Unidos, ciertas decisiones políticas siguen generando inquietud. Mientras algunos estados avanzan hacia la inclusión, otros han optado por reforzar controles que, según defensores de derechos humanos, podrían intensificar la vigilancia y discriminación hacia quienes no poseen la ciudadanía.
Recientemente, un nuevo acuerdo firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha encendido las alarmas. Aunque las autoridades lo presentan como una herramienta para proteger la integridad electoral, varios sectores consideran que esta medida puede tener un impacto negativo en la vida diaria de miles de inmigrantes. Aquí te contamos de qué se trata y por qué genera controversia.
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El DHS firmó un contrato que no agradará a los inmigrantes
La política migratoria en Estados Unidos sigue siendo tema de debate, especialmente cuando algunos estados toman medidas que impactan directamente a quienes no cuentan con la ciudadanía. En esta ocasión, Alabama se ha convertido en el foco de atención tras firmar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que promete endurecer aún más el control sobre la comunidad inmigrante. La decisión ha despertado preocupación entre muchos residentes, que ven en esta medida una nueva barrera para su integración.
El Secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, anunció con entusiasmo en sus redes sociales que el estado se unió al programa SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para el Acceso a los Derechos), administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Este sistema permitirá a las autoridades locales verificar si una persona registrada para votar es realmente ciudadana estadounidense. La implementación se presentó como una herramienta para evitar el supuesto sufragio de no ciudadanos.
Según explicó Allen, este acuerdo representa un paso firme hacia lo que él llama la protección de la integridad electoral. A través de SAVE, su oficina podrá acceder directamente a una base de datos federal que contiene información sobre el estatus migratorio de los residentes. De este modo, podrán cruzar registros y detectar si hay personas sin ciudadanía dentro del padrón electoral, lo que ha sido interpretado por muchos como un mensaje directo hacia la comunidad inmigrante del estado.
En un comunicado oficial, el funcionario le agradeció a Donald Trump por impulsar este tipo de acciones y reiteró su apoyo a la política de “tolerancia cero” con el voto de no ciudadanos. A su juicio, este acuerdo refuerza la idea de que solo quienes son legalmente ciudadanos deben decidir el rumbo del país. Sin embargo, para muchas organizaciones inmigrantes, la medida no solo genera desconfianza, sino que también alimenta una narrativa de exclusión que podría tener efectos negativos en la convivencia social.
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