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El arresto de estudiantes extranjeros por manifestarse en EE.UU. ha reavivado la discusión sobre los derechos de expresión y el alcance de la Primera Enmienda.
Las recientes detenciones de estudiantes extranjeros que participaron en protestas pro-Palestina en universidades de EE. UU. han generado controversia sobre si los inmigrantes, con o sin documentos, están protegidos por la Primera Enmienda. El caso más representativo es el de Mahmoud Khalil, un residente permanente de origen sirio, cuya posible deportación ha encendido el debate sobre la libertad de expresión y los derechos constitucionales de los no ciudadanos en territorio estadounidense.
El gobierno de Donald Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha justificado estas detenciones amparándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según esta norma, se puede revocar una visa o Green Card si la presencia del individuo genera consecuencias adversas para la política exterior de EE. UU.
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El argumento legal del gobierno de Trump
La Casa Blanca sostiene que los arrestos se basan en el título 8 numeral 4 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que faculta al Secretario de Estado a deportar extranjeros si considera que sus actividades perjudican los intereses del país. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa, respaldó esta medida y afirmó que es una acción necesaria para proteger la estabilidad nacional.
El propio Trump se refirió al caso de Khalil y lo calificó como "el primer arresto de muchos por venir". Según el mandatario, su administración no tolerará "actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses" en las universidades del país.
Protección de la Primera Enmienda a los inmigrantes
Expertos en derecho constitucional argumentan que la Primera Enmienda garantiza la libertad de expresión a todas las personas en EE.UU., sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, las autoridades pueden considerar ciertas manifestaciones como una amenaza a la política exterior del país y tomar medidas contra los participantes.
Charles Kuck, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), advierte que las protestas pueden poner a los inmigrantes en una situación vulnerable. Por su parte, Kathleen Bush-Joseph, del Migration Policy Institute, señala que el sistema migratorio de EE. UU. es altamente discrecional, permitiendo negar solicitudes por diversos motivos, incluida la participación en protestas.
Casos judiciales y antecedentes históricos
Las Cortes han tenido fallos contradictorios sobre este tema. En 1945, la Corte Suprema falló en contra de la deportación de un activista comunista en el caso Bridges v. Wixon, pero en 1952 permitió la remoción de otro individuo bajo circunstancias similares en Harisiades v. Shaughnessy.
En 2010, la Corte Suprema estableció en el caso Holder v. Humanitarian Law Project que la Primera Enmienda no protege a quienes brinden asistencia material a grupos terroristas designados por EE.UU. Ahora, la duda es si el gobierno podrá demostrar que los inmigrantes detenidos realmente apoyaron materialmente a Hamás o si solo expresaban su opinión.
Un precedente poco utilizado en 30 años
El Migration Policy Institute indica que el último caso similar ocurrió en 1995, cuando la administración de Bill Clinton utilizó la Ley de Inmigración para deportar a Mario Ruiz Massieu, exfuncionario mexicano acusado de corrupción. En 1996, la jueza Maryanne Trump Barry consideró inconstitucional la norma utilizada para expulsarlo, aunque la legalidad del artículo nunca fue completamente resuelta.
El caso de Khalil y otros estudiantes detenidos podría marcar un nuevo precedente sobre los límites de la Primera Enmienda para inmigrantes y la capacidad del gobierno de usar la Ley de Inmigración como herramienta para reprimir el disenso político.
Créditos vídeo: YouTube | @alarconnelson.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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