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La medida obliga a los camioneros a rendir una prueba de inglés, aunque una ley previa ya lo exigía, sin una aplicación rigurosa hasta ahora.
Una nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump exige que todos los camioneros en Estados Unidos dominen el inglés para poder operar legalmente. Aunque la Casa Blanca insiste en que la norma responde a preocupaciones de seguridad vial, organizaciones de transporte y sectores migrantes advierten que esta medida es una ofensiva encubierta contra los trabajadores extranjeros que sostienen gran parte del sistema logístico del país.
Desde el 28 de abril, los conductores de camiones deberán aprobar una prueba de inglés como requisito obligatorio para obtener o renovar su licencia comercial. Esta orden instruye al Departamento de Transporte a estandarizar el examen en todos los estados y a revisar exhaustivamente los permisos ya otorgados, con el objetivo de detectar "inconsistencias". El gobierno asegura que se trata de una norma que ya existía, pero que no se había aplicado con rigor.
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La orden se basa en una ley existente
Según la Casa Blanca, esta política no crea un nuevo requisito, sino que refuerza una ley federal previa que exigía conocimientos básicos del idioma inglés para operar vehículos comerciales. La diferencia radica en que ahora se exigirá una evaluación concreta, escrita y oral, con implementación inmediata. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, declaró que “es sentido común” que los conductores puedan comunicarse en inglés con las autoridades para prevenir accidentes.
Sin embargo, líderes del sector ven otras motivaciones detrás de la decisión. La Asociación Nacional de Camioneros expresó que no hay evidencia de que los conductores extranjeros representen un peligro para la seguridad vial y denunció que esta medida está cargada de tinte político. Además, señalaron que muchos de los trabajadores más sacrificados, en rutas largas y con menores beneficios, son justamente inmigrantes que ahora podrían quedar excluidos.
La controversia del inglés como “idioma nacional”
Uno de los aspectos más cuestionados del decreto es que Trump califica al inglés como el “idioma nacional”, a pesar de que Estados Unidos no tiene una lengua oficial declarada por su Constitución. Esta afirmación, incluida en el texto de la orden, ha sido interpretada como un intento simbólico de imponer un criterio cultural excluyente, especialmente en un país donde más de 67 millones de personas hablan otro idioma en casa.
El uso del idioma como herramienta de control migratorio no es nuevo en la agenda del presidente. Ya durante su primer mandato, intentó limitar beneficios y accesos legales a quienes no dominaban el inglés. Ahora, con una nueva campaña en marcha, esta orden se percibe como una estrategia para reactivar su base más conservadora, asociando seguridad con uniformidad cultural.
Organizaciones de derechos civiles ya han anunciado que evalúan acciones legales para frenar la implementación del decreto. Mientras tanto, las agencias estatales de transporte comienzan a ajustar sus procedimientos, y miles de camioneros inmigrantes enfrentan un futuro incierto en las carreteras estadounidenses.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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