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por Erasmo Martínez
·Según Uscis, aquellos indocumentados que no se registren estarían cometiendo un delito y serían multados o deportados.
Una nueva orden de la Administración Trump ha vuelto a encender la polémica en torno a la inmigración en Estados Unidos. Con el aval de un juez federal, entra en vigor este viernes un controvertido programa que obliga a todas las personas sin estatus legal a registrarse en una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Según la nueva norma, cualquier persona mayor de 14 años sin estatus legal debe registrarse en línea en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El proceso incluye crear una cuenta, llenar el formulario G-325, y asistir a una cita de toma de datos biométricos que tiene un costo de U$D 30 por persona.
Quienes completen el registro recibirán un documento oficial que deberán portar todo el tiempo. No cumplir con el registro podría costar hasta U$D 5 000 en multas y penas de hasta seis meses de prisión. Y aunque los menores de 14 años están exentos del trámite personal, sus padres o tutores legales deberán hacer el registro por ellos.
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Opiniones divididas
La medida, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, afectaría a entre 2,2 y 3,2 millones de personas. Se trata de una cifra que pone en perspectiva la magnitud del cambio y el impacto directo en miles de familias. En lugar de recibir un camino a la legalización, muchos sienten que están siendo colocados bajo una lupa.
Al respecto, la congresista Delia Ramírez, junto a otros 26 miembros del Congreso, condenó enérgicamente la implementación de esta política. “Exigimos al Departamento de Seguridad Nacional que derogue de inmediato esta norma provisional”, declaró. Asegura que esta iniciativa, más que ofrecer soluciones reales, institucionaliza la persecución y siembra miedo entre comunidades vulnerables.
Desde organizaciones como Proyecto Resurrección, se insiste en la importancia de la información. “El primer paso siempre es entender qué está establecido, qué derechos tienen y cuáles son los riesgos. Solo así se puede tomar una decisión informada”, explicó Laura Mendoza, una de sus líderes. Y es que el dilema no es menor: registrarse podría evitar sanciones, pero también abrir una puerta a futuras deportaciones masivas.
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Erasmo Martínez Periodista
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