Tribunal Superior del Reino Unido rechazó la petición de una mujer, de 59 años.
El Tribunal Superior del Reino Unido rechazó la petición de una mujer que quería utilizar los óvulos congelados de su hija fallecida para dar a luz a sus propios nietos, informaron fuentes judiciales.
La mujer, de 59 años, y su marido, de 58, que han sido solo identificados como "el señor y la señora M", habían acudido a esa instancia judicial para tratar de revertir la decisión de la Autoridad deEmbriologíay Fertilización Humana (HFEA).
El regulador británico había prohibido a la pareja hacerse con los óvulos de su hija única y llevarlos a una clínica de Estados Unidos para someterse a un tratamiento de fertilidad con esperma de un donante.
Durante el juicio, los abogados de los demandantes explicaron que la hija, identificada como "A" y quien falleció víctima de un cáncer a los 28 años, "deseaba encarecidamente" tener descendencia y le pidió a su madre que diera a luz a sus hijos.
Por su parte, los letrados de la Autoridad de Embriología arguyeron que el organismo no accedió a entregar los óvulos congelados porque "A" no dio su permiso por escrito antes de su muerte en junio de 2011.
En su sentencia, el juez instructor, Duncan Ouseley, dijo que "A" estaría "desolada" si supiera que sus óvulos no pueden ser usados, pero reconoció que la HFEA tiene derecho a "no dar su consentimiento" a esa petición.
El magistrado recalcó que la decisión de la HFEA no viola los derechos humanos de esta familia, que aún puede recurrir el fallo en el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido.
Según los medios británicos, si el Tribunal Superior hubiese fallado a favor de los demandantes, la "señora M" podría haberse convertido en la primera mujer del mundo que hubiese quedado embarazada con los óvulos de su hija fallecida.
Un portavoz de la HFEA aseguró hoy que este es "un caso muy triste" y reconoció que la sentencia "habrá roto el corazón de la pareja", pero justificó su postura al insistir en la falta de un consentimiento por escrito por parte de "A", como establece la legislación vigente.
"Nuestro comité examinó este caso en tres ocasiones distintas, considerando con mucho cuidado las nuevas pruebas presentadas en cada ocasión, pero decidió que no existía el tipo de consentimiento plenamente fundamentado requerido por la ley", señaló el portavoz.
EFE
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