El efectivo castigo de Australia a quienes no vacunan a sus niños

(Agencia N+1 / Oleg Lishchuk). La medida que cancela los beneficios sociales a las familias que se oponen a la vacunación de sus hijos, impuesta por las autoridades australianas en enero del año pasado, ha dado sus primeros frutos. Desde su promulgación, cerca de 200 mil niños de 5 a 10 años que no estaban inmunizados, recibieron ya todas las vacunas de rigor. Sin embargo, todavía hay más de 140 mil niños en ese mismo rango de edad, cuyos padres se han quedado sin el subsidio estatal, según lo demuestra una estadística oficial llevada a cabo por el diario The Courier-Mail.

Históricamente, los australianos han tenido una actitud positiva hacia las vacunas. Sin embargo, en 1994, la organización Australian Vaccination Network lanzó una campaña anti-vacunación con el propósito de “garantizar que las vacunas nunca sean obligatorias en los niños australianos”.

Como resultado de las actividades de esta organización (que después cambió su nombre a Australian Vaccination-Skeptics Network), en 1999, la tasa de vacunas en el país alcanzaron el mínimo alcance en 17 años: tan solo el 73.6% de niños entre los 24 a 27 meses estaban vacunados. Una campaña de concienciación, promovida desde el gobierno, mejoró la situación, aunque de manera insuficiente para alcanzar una profilaxis completa de todos los niños del país. Así, en 2012, un brote de tos ferina contagió a mil niños, y se registraron 168 casos de sarampión, enfermedad que en Australia se daba por erradicada.

Debido a esto, el primero de enero de 2016 entró en vigencia la ley “No Jab, No Pay” (sin pinchazo no hay pago) dirigido a las familias que rehúsan vacunar a sus hijos sin razones médicas convincentes; ellas perderían los beneficios estándar para la crianza de un hijo en Australia (hasta 15 mil dólares australianos al año, o cerca de 11.5 mil dólares estadounidenses al cambio actual), así como la correspondiente exoneración de impuestos. Desde la imposición de la nueva ley, los padres deben presentar la cartilla oficial de inmunidad de sus hijos ante el registro nacional. Naturalmente, la iniciativa levantó críticas y opositores, aunque después de un año de implementada la medida, sus resultados se hacen evidentes.