Luego de cuatro años de espera, finalmente se publicó el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) con horizonte temporal al 2030. Lo primero a destacar es el peso que tiene el soporte metodológico de CEPLAN. LA Guía de Políticas Nacionales (GPN), hoy en proceso de actualización, ha marcado un antes y un después en la construcción de políticas, dotándolas de una estructura homogénea, incrementando su predictibilidad. Sin duda alguna en este aspecto específico, el Estado peruano ha dado un salto cualitativo gracias a la GPN.
En relación con la PNMGP, otro punto para enfatizar es la actualización que se hace de la Política primigenia promulgada el 2013. Muchas de las ocho causas que explicaban las deficiencias en materia de gestión pública señaladas por dicho documento, se han pulido y mejorado a la luz del contexto actual. Por otra parte, la PNMGP pone sobre la mesa la impostergable necesidad de modernizar al Estado peruano. Por ejemplo, se cita un estudio del BID del 2018, donde se indica que en nuestro país se necesitan 8.6 horas para culminar un trámite, el segundo peor desempeño de la región, siendo que el promedio de América Latina y el Caribe es apenas 5.4 horas. De igual forma, el documento hace referencia a la I Encuesta Nacional de Satisfacción con entidades públicas del 2017, donde se afirmó que más de la mitad de los encuestados tiene que regresar a la entidad visitada para finalizar una gestión.
Empero, desde mi perspectiva uno de los principales aportes se vislumbra en el modelo conceptual. A diferencia de su antecesora, la PNMGP apuesta por “superar el tradicional enfoque de organizar los servicios por la oferta, aquello que el Estado estima que puede proveer, por un enfoque de demanda, que considera lo que la ciudadanía estima como necesario”. Esto mediante un vínculo colaborativo Estado-personas que descanse en las dimensiones de la eficiencia y eficacia, pero sobre todo en los valores de la democracia. Es a través de estos lentes conceptuales que la PNMGP busca resolver el problema: “Bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público”.
No obstante, considero que la PNMGP no ha dimensionado en su real magnitud las deficiencias que tiene el Estado peruano para llegar algún día a ser “eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas”. Por ejemplo, en julio del 2021, Concytec publicó un informe sobre el elevado número de muertes por la pandemia en el Perú. En él, calificó las “inconsistencias del Estado” como una de las principales razones que ubican al país como el de peor desempeño del mundo frente a la COVID-19. De acuerdo con este análisis, lo que en otros países parecía sencillo, como adquirir oxigeno e implementar plantas productoras, en el Perú fue muy lento, engorroso y difícil.
Otro aspecto en el que la calibración no es la adecuada tiene que ver con el real estado de nuestra democracia. Latinobarómetro (2021) revela que la aprobación del Poder Ejecutivo peruano en el periodo 2002-2020 fue 30% en promedio, la más baja de la totalidad de los países estudiados en América Latina. A su vez, el Congreso, con apenas 7%, es el que tiene el peor nivel de confianza de todos los países analizados. En esta línea y como era previsible, nuestros partidos políticos son también los más repudiados del continente. Vale decir, si tomamos un ponderado, nuestro sistema político es el de peor aprobación a nivel regional.
A manera de conclusión y a partir de esta primera revisión, podemos señalar que la PNMGP ha dado un salto hacia adelante a nivel metodológico. De igual forma desde el punto de vista conceptual se adaptan visiones innovadoras y necesarias de lo que debe ser un Estado moderno. Sin embargo, creo que se queda corto al dimensionar las históricas, profundas y estructurales flaquezas de la gestión pública peruana.
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