Bancarización y formalización en el siglo XXI

La informalidad en el Perú es inmensa, pero paradójicamente también es un tema manido y su abordaje pone en evidencia la pereza intelectual que nos caracteriza. Todos hablan sobre ella, pero es muy poco lo que se hace para abatirla. ¿Cómo explicar que, pese a su gravedad como problema nacional, no exista entidad pública alguna encargada de darle cara integralmente? El COFOPRI solamente se aboca a resolver la informalidad predial, y lo hace con limitadísimos recursos y aún menor eficacia. Las otras dimensiones de la informalidad carecen de padrino dentro del Estado.

La eficacia de cualquier análisis o propuesta de solución sobre el fenómeno demanda precisarlo semánticamente. En efecto, bajo la rúbrica de “informalidad” tendemos a agrupar conductas y situaciones muy distintas entre sí. Tomemos el caso de la minería de bajo volumen: debiéramos diferenciar entre la actividad artesanal (la que se caracteriza por emplear solamente picos, palas y las manos), la ilegal (ejecutada en alguna mayor escala), y la claramente criminal (la que, por ejemplo, para extraer oro de los ríos de nuestra selva opera dragas cuyo costo puede llegar a los cinco millones de dólares). ¡Y sin embargo rotulamos como “informal” a esos tres tipos distintos de actividad minera! No es de extrañar pues que, tras tamaña imprecisión semántica se esconda la incompetencia de las autoridades, y la complicidad colectiva ante la explotación criminal del oro que nos pertenece a todos los peruanos.

De otro lado están las dimensiones psicológica y cultural: además de los condicionantes económicos e institucionales, tenemos que comprender que la “informalidad” es una actitud hondamente enraizada en nuestras mentes y en el sentido común cultural de nuestra sociedad. Esta es una dimensión sobre la cual casi nada se ha investigado en nuestro país, no obstante que resulta crítica para poder formular políticas públicas eficaces y modificar conductas trasgresoras. Diversos estudios demuestran que las personas desarrollamos desde nuestros primeros años de existencia una aptitud de apego normativo, es decir una predisposición para internalizar patrones de conducta socialmente exigibles, sea como leyes o como costumbres. ¿Cómo explicar que en vastos sectores de nuestra sociedad los procesos de formación de ese apego normativo sean tan endebles, y propicien la normalización de conductas informales, ilegales y hasta criminales? ¿Cómo explicar que desde muy temprano en la vida, tantísimos peruanos crezcan desprovistos de un encuadramiento normativo, cuya función es la de inducir hacia el acatamiento de las normas de conducta socialmente legitimadas y hacia la adquisición de inteligencia ética? ¿Cómo influye la precariedad en el ambiente del hogar para producir tales resultados? Llegado a este punto, sólo puedo compartir mi perplejidad, y sugerir que ésta sea una materia de futuras investigaciones académicas.

Es a la vez evidente que los diversos universos sociales peruanos enfrentan una constante tensión entre, por un lado, las normas abstractas en las que se basan el ordenamiento democrático y el Estado de derecho; y por el otro, los usos sociales. Las primeras tienen por fundamento la premisa que la ley se aplica a todos y de igual forma, mientras que los segundos privilegian las lealtades y relaciones personales como norma máxima de conducta. De esa tensión surge en nuestro país un raquítico compromiso con la legalidad, pues su acatamiento se ve tamizado por las variables interpersonales que gozan de mayor legitimidad cultural.

La dimensión institucional contribuye de modo sustancial a propiciar nuestra falta de compromiso con la legalidad. Desde algunas esferas del sector privado se promueven muchas prácticas informales, ilegales y hasta criminales. Pero el propio Estado tiene en esto un protagonismo mayúsculo y diverso, como lo evidencian su podrido sistema de administración de justicia; el hábito de modificar aspectos sustantivos de normas legales ya expedidas mediante el informalísimo e inconstitucional recurso a la “fe de erratas”; o la extrema precariedad laboral dentro de sus entidades, por mencionar solamente tres ejemplos.

La informalidad está además fuertemente condicionada por la falta de oportunidades de inclusión financiera, pues es muy difícil operar formalmente si no se tiene acceso a servicios bancarios básicos. El Perú está notoriamente rezagado respecto a diversos otros países de América Latina: en Colombia, Chile, Venezuela o Brasil, más del 70% de la población adulta (mayor a 15 años) ya tiene una cuenta bancaria; en el Perú, según IPSOS, solamente el 51% de la población urbana la tiene, y la proporción es significativamente menor en zonas rurales. En esta dimensión, la responsabilidad es también compartida entre el sector privado y el Estado. De un lado, según la SBS, cerca del 83% del mercado bancario peruano es controlado por cuatro bancos, que carecen de incentivos y de obligatoriedad legal de promover la bancarización y expandir sus operaciones hacia localidades del país que carecen de estos servicios. Del otro, el Banco de la Nación podría cumplir una importantísima función promoviendo la inclusión financiera, pero no se le ha asignado tal mandato.

No obstante, el desarrollo de nuevas tecnologías ofrece promisorias oportunidades para revertir aceleradamente los bajos niveles de bancarización, y con ello también de informalidad. De hecho, la introducción de aplicaciones de servicios bancarios a través de los teléfonos celulares ya está teniendo efecto en mejorar los ratios de inclusión financiera. A ello debiera agregarse en el futuro próximo, la emisión de dinero virtual y de pleno valor legal por parte del Banco Central de Reserva denominado CBDC, por sus siglas en inglés), siguiendo la tendencia iniciada en China y que viene siendo explorada en diversos otros países. El CBDC goza de los mismos atributos que el dinero físico, pero la diferencia más aparente es que tiene existencia digital y por tanto se accede a él, y se usa en transacciones, sólo por medios digitales.

La emisión legal de dinero virtual está llamada a tener efectos absolutamente revolucionarios. De un lado, en muchos aspectos eliminaría la intermediación de los bancos tradicionales, y con ello su efecto limitante para enfrentar la informalidad. El Banco Central de Reserva se convertiría en el monopolio captador de ahorros, parte de los cuales tendría que colocarlos en bancos privados para permitirles seguir operando como intermediarios financieros.

De otro lado, permitiría impulsar una gran variedad de nuevas modalidades de políticas públicas, por ejemplo premiando el consumo de alimentos saludables y de servicios de salud. Además, eliminaría diversos riesgos y costos inherentes a la tenencia de dinero físico; y ampliaría el elenco de opciones de políticas monetarias, y macroeconómicas en general. Acaso para el Perú el efecto más importante sería el de la eliminación de muchas modalidades de informalidad, pues la tenencia de dinero virtual formalizaría en los hechos y automáticamente a sus poseedores; permitiría identificarlos; así como determinar y ejecutar sus obligaciones tributarias de modo inmediato.

A contramarcha, la emisión de dinero virtual y su progresiva sustitución del dinero físico transformaría la naturaleza de los bancos centrales, pues les otorgaría nuevas herramientas de poder y converitiría la información a la que tendrían acceso en su activo fundamental. Esto requiriría desarrollar un sólido marco institucional para proteger los derechos personales frente a las facultades adicionales que los Estados adquirirían a través de la circulación del dinero virtual, a efectos de evitar que esta promisoria tecnología fortalezca tendencias autoritarias.