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Crisis de organismos financieros internacionales

Los organismos internacionales, y en particular los de carácter financiero, son fuentes de soluciones, pero también de problemas para la gobernanza global. Se requiere mejorar sus mecanismos de información y participación ciudadana, y de control interno.

En días recientes, la junta de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, máxima autoridad institucional, decidió destituir a Mauricio Claver-Carone de la presidencia de dicho organismo, debido a que mantuvo una relación sentimental con la jefa de su gabinete de asesores y que la favoreció con dos sustanciales aumentos salariales. Lo primero trasgredió expresas normas de conducta del banco; lo segundo implicó una clarísima infracción ética y un clamoroso conflicto de intereses. La decisión de la junta de gobernadores se basó en un detallado informe sobre tales infracciones elaborado por una especializada firma de abogados, y fue aprobada por unanimidad en el directorio ejecutivo del banco.

Casi simultáneamente, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, causó estupor y furor al negarse a admitir en un evento público si la combustión de petróleo, gas y carbón son factores causantes del cambio climático. Horas antes, el exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, había denunciado a Malpass como un “negador del cambio climático”. Al ser presionado tres veces durante el evento, Malpass no dijo si aceptaba que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano habían creado una crisis que está empeorando y que viene provocando un clima más extremo. “No soy un científico”, fue su escueta y decepcionante respuesta. Resulta sin duda preocupante e inaceptable que la máxima autoridad de uno de los principales organismos financieros internacionales, quien debiera estar en primera línea liderando la lucha contra el calentamiento global, se aboque por el contrario a negar la causalidad antropocénica en su ocurrencia.

A su turno, en marzo de 2021, el economista peruano Luis Carranza renunció a la presidencia ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina (conocido por las siglas de CAF), tras varios años y reiterados casos de denuncias de acoso laboral, abuso de poder y despidos masivos en las diferentes oficinas de la organización en Latinoamérica.

Aún más deplorable, el 18 de mayo de 2011, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, debió renunciar al cargo en medio de un escándalo por haber asaltado sexualmente a la camarera de un hotel en Nueva York.

Cada una de las cuatro situaciones antes descritas reviste características singulares que determinan la necesidad de evaluarlas según las circunstancias particulares de cada una. No obstante, tienen en común referirse a un mismo tipo de actor fundamental en la gobernanza global, los organismos financieros internacionales. Estos son fuente de muchas soluciones para el desarrollo y la prosperidad en favor de aquéllos a quienes se destinan los proyectos que financian, principalmente las personas más pobres en países de menor desarrollo; pero, a la vez, su funcionamiento reviste dimensiones problemáticas, como lo evidencian los cuatro casos antes referidos.

| Fuente: Freeimages | Fotógrafo: jemastock

La proliferación de organismos internacionales es una característica del orden global que emergió sobre las cenizas de la segunda guerra mundial. Actualmente coexisten organismos internacionales de muy variadas características, especializaciones y ámbitos geográficos de competencias. Frecuente, pero no únicamente, funcionarios designados por los Estados miembros ocupan los puestos directivos de esas entidades. Éstas se rigen por sus instrumentos constitutivos y también por acuerdos tácitos entre los Estados miembros. En las estructuras de gobierno de los organismos internacionales tiende a reflejarse la asimetría de poder característica del actual orden global: en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cinco Estados detentan los privilegios de ser miembros permanentes (art. 23º de la Carta) y de ejercer el llamado derecho de veto (art. 27.3º de la Carta). En los organismos financieros internacionales, los países con mayor aporte de capital, es decir algunos países desarrollados y particularmente los Estados Unidos, han adquirido una proporción mayor de derechos de voto. Así por ejemplo, los Estados Unidos por sí sólo detenta el 15.66% del total de los votos en la Junta de Gobernadores y el Directorio del Banco Mundial; el 16.5% en el Fondo Monetario Internacional; y el 30% en el Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, existen acuerdos extra-constitucionales sobre la designación de las máximas autoridades ejecutivas en estos organismos: la presidencia del Banco Mundial es asignada al candidato propuesto por los Estados Unidos; la dirección ejecutiva del Fondo Monetario Internacional es asignada al candidato propuesto por Europa; y la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es usualmente asignada a un candidato de Latinoamérica o el Caribe. En este último caso, la elección del estadounidense Mauricio Claver-Carone constituyó una anomalía propia del momento en que el presidente Donald Trump gobernaba los Estados Unidos.

Los organismos internacionales, y en particular los de carácter financiero, detentan un inmenso poder respecto a las autoridades gubernamentales y las sociedades nacionales. Esto plantea un gran problema de gobernanza global, pues tales entidades carecen de adecuados mecanismos de control democrático: sus directivos no son elegidos por voto ciudadano y se carece de apropiados instrumentos de rendición de cuentas. Tales organismos afectan inmensamente y de variados modos las condiciones de vida de los ciudadanos, pero éstos no cuentan con posibilidades suficientemente eficaces de transmitir sus puntos de vista, de informarse sobre el quehacer institucional, y de influir en el desenvolvimiento de aquéllos. Típicamente, los organismos internacionales y sus directivos responden fundamentalmente a los burócratas gubernamentales de los países miembros, lo cual mediatiza la capacidad ciudadana de participar en su gobernanza. Los mecanismos de información y participación pública creados por muchos de éstos son generalmente insuficientes o ineficaces. Esto debilita también la institucionalidad democrática nacional, pues cada vez más decisiones fundamentales de políticas públicas son adoptadas por, o bajo la activa influencia de, burócratas internacionales actuando bajo condiciones de gran opacidad y ajenos al escrutinio ciudadano.

Vivimos en tiempos de grave crisis de gobernanza global, y los mecanismos internacionales creados para regir los destinos de la humanidad son ineficaces e insuficientes. Los organismos internacionales, y en particular los de carácter financiero, son parte de la solución a tal crisis, pero también parte de su causalidad. Necesitamos seguir presionando para subsanar el déficit democrático que ellos aparejan en su desenvolvimiento, y éstos tienen que mejorar sus sistemas de información y participación ciudadana, así como sus mecanismos de control interno. Asimismo, debieran suprimirse los acuerdos extra-constitucionales que otorgan a determinados países el privilegio de determinar quiénes serán designados máximas autoridades ejecutivas de los organismos financieros internacionales, para dar paso a una elección basada exclusivamente en criterios meritocráticos, indistintamente de la nacionalidad del postulado. No perdamos de vista que la solución a los graves problemas que aquejan a la humanidad depende en buena medida de mejorar los mecanismos de gobernanza global. Esta es una tarea pendiente, que la debemos a las futuras generaciones y a nosotros mismos.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.
Oscar Schiappa-Pietra

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.

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