José De Echave, director de Cooperación afirma que esto ha originado que los conflictos sociales pasen de 82 a 217 en ese periodo, de los cuales más del 50% son conflictos socio ambiéntales.
En los últimos 5 años de gobierno aprista las concesiones mineras han pasado de ocupar 11 millones 572 mil hectáreas del territorio nacional, a más de 24 millones de hectáreas, a junio de 2011, es decir el 19% del territorio nacional. La acelerada entrega de territorio nacional a proyectos mineros ha repercutido en un incremento importante de los conflictos socio ambiéntales.
El VIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros 2011 del primer semestre del 2011, CoopeAcción destaca que de julio del 2006 a junio del 2011 los conflictos sociales han pasado de 82 a 217, de los cuales más del 50% son conflictos socio ambiéntales.
José De Echave, director de Cooperación asegura que el gobierno aprista deja una herencia sumamente pesada al presidente entrante; no sólo en el tema de conflictos sino también en el tema económico.
“El tema de las concesiones debería ser revisada, conflictos como el de Puno han planteado un cuestionamiento claro y abierto al tema de las concesiones y pensamos que podría haber diferentes mecanismos que permitirían mejorar el tema de las concesiones, por ejemplo, la conexión entre las autoridades nacionales, no hay que olvidarnos que hoy en día las decisiones son tomadas en Lima y los mecanismos de información hacia las regiones son desde nuestra perspectivas insuficientes”, afirmó.
De Echave considera que otra alternativa para reducir la conflictividad social en el país, es trasladar al Ministerio del Ambiente, la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que hoy en día compete al Ministerio de Energía y Minas.
El director de CooperAcción considera que una de las consecuencias e la conflictividad es la caída en la producción de metales. En los cinco años de gestión aprista: la producción de los principales metales ha caído o se ha estancado. El oro ha retrocedido un 10%, el cobre 1,77%, el zinc 10,82%, la plata 7,8%, el plomo 23,89%, el estaño 26,16%. Finalmente, el PBI de la minería metálica ha sido negativo en el período.
“La herencia del gobierno aprista en materia de minería es negativa por donde se le mire. El aumento del valor de las exportaciones y las mayores utilidades para las empresas de los últimos años se debe a los altos precios de los metales y de ninguna manera a mejores desempeños productivos o políticas públicas implementadas”, explicó.
Es así que el informe afirma que la postergación de la ley de consulta previa, los decretos del “perro del hortelano”, reemplazar el impuesto a las sobre ganancias por el “óbolo minero” y la falta de fiscalización ambiental en el sector han sido caldo de cultivo para el desarrollo de estos conflictos.
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