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Se trata del tercer atentado contra la empresa en menos de tres meses y la decimosetima (17) torre de alta tensión destruida en los últimos tres años.
La minera Poderosa denunció este viernes que el atentado a una de sus unidades fue perpetrado por mineros ilegales en colusión con grupos criminales de la provincia de Pataz, región Cajamarca, a quienes responsabilizaron por el asesinato de un minero artesanal.
Mediante un comunicado, la empresa exigió una respuesta "firme y contundente del Estado para evitar que Pataz se convierta en zona liberada".
Asimismo, señalaron que en el hecho, ocurrido durante la madrugada, los mineros ilegales actuaron "emulando las peores prácticas terroristas Sendero Luminoso".
"Mineros ilegales destruyeron con dinamita otra torre de alta tensión que alimenta nuestra unidad Santa María, dejando sin energía todas las instalaciones de superficie e interior mina. Simultáneamente, los criminales lanzaron una ola de incursiones armadas con el propósito de expandir su presencia en la zona y tomar nuevas labores", reza el comunicado.
Como resultado de los ataques, un trabajador de los mineros artesanales que mantienen contrato con la empresa perdió la vida. Además, se tuvo que atender en la posta médica de Santa María a 50 trabajadores que fueron evacuados con síntomas de gaseamiento por efecto del ataque de los ilegales que se valen de la quema de llantas para apropiarse de las galerías".
Poderosa recibió reiterados atentados en los últimos 3 años
Se trata del tercer atentado contra la empresa en menos de tres meses y la decimosétima (17) torre de alta tensión destruida en los últimos tres años.
A ello hay que sumar la lamentable pérdida de vidas de 18 colaboradores de Poderosa, víctimas de atentados armados.
A pesar del estado de emergencia y la presencia policial y militar, Poderosa denuncia que tienen "25 zonas tomadas por mineros ilegales". Aseguran que, hasta el momento, la PNP no responde a sus reiterados pedidos para ingresar a las galerias a desalojar a estos grupos criminales.
"La inacción policial también se ve reflejada en la suspensión desde hace más de medio año del programa de interdicciones de bocaminas ilicitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, todas perfectamente identificadas y georreferenciadas. A ello hay que agregar la permisividad en el control del transporte de mineral de origen ilegal extraído de las concesiones de Poderosa y trasladado hacia las plantas formales en la costa (más de 6 mil volquetes en el 2024)", denunciaron.
Poderosa destaca sus esfuerzos en la construcción de infraestructura para una base policial y puntos de control, pero critica al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad".
Finalmente, el comunicado enfatiza la gravedad de la situación, señalando que la minería ilegal se ha convertido ya en la principal economía ilícita ($6 mil millones generados en 2024) del país, superando con creces al narcotráfico.
Su accionar alimenta otros delitos conexos como la trata, extorsión, sicariato y depredación ambiental. Hoy más que nunca, urge que el Estado actúe con determinación y contundencia para combatirla y frenar su avance.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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