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por Redacción RPP
·El gestor de fondos de inversión considera que la Municipalidad de Lima y otras entidades han expropiado tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales.
El gestor de fondos de inversión Brookfield anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Perú, para exigir más de 2 mil 700 millones de dólares por su inversión en Rutas de Lima, al considerar que la Municipalidad de Lima y otras entidades han expropiado tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales.
► Rutas de Lima: ¿cuánto perjudicaría al Perú la demanda de Brookfield ante el CIADI?
En su comunicado, Brookfield informó que presentó el procedimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
Brookfield sostiene que la Municipalidad de Lima y otras entidades, como el Tribunal Constitucional, han privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión.
Además, menciona una supuesta expropiación de otro de los tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales, medidas que considera están en contra del marco legal aplicable.
En diciembre de 2024, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que defiende la seguridad jurídica para las inversiones, pero no en casos donde consideró que existió corrupción, en referencia a los peajes prorrogados durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
“Seguridad de la inversión, claro que sí, pero para gente decente, pues. Seguridad para un corrupto, no puede haber. Tenemos que correrlo del Perú, porque esa persona vive de cobrarle peaje a la gente pobre”, manifestó López Aliga.
“¿Porque no se ponen los peajes en zonas ‘pitucas’ (acomodadas)? Buscan una zona que no se puede defender y ¡pácate! ahí les mete el peaje. Así son de desgraciados y así es como funciona esta izquierda”, agregó.
Cobro suspendido
En tanto, el Tribunal Constitucional dispuso en marzo de 2024 que la concesionaria Rutas de Lima suspenda el cobro en el peaje en Puente Piedra hasta que se construya una Vía Alternativa.
Los magistrados determinaron que dicho peaje vulnera el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes de Puente Piedra y de los usuarios que circulan por ese sector de la Panamericana Norte.
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