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El abogado de la Municipalidad de Lima, Martin de Luca, señaló que, de ganar la demanda contra el fondo canadiense Brookfield, se podría desprender tanto responsabilidad civil como penal, además de diversos daños monetarios.
Judiciales
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El abogado de la Municipalidad de Lima, Martin de Luca, ofreció mayores detalles sobre la demanda contra el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario del 'Consorcio Rutas de Lima', a raíz del alza en los peajes y los presuntos actos de corrupción que investiga la Fiscalía.
"Hablando en un contexto general, no es difícil imaginarse cómo una empresa que cotiza en bolsa de Nueva York y adquiere una posición mayoritaria en un consorcio, cuyo principal y único activo real es un contrato derivado de potencial corrupción, podría tener responsabilidad. La responsabilidad se produce por varios factores. Uno de ellos es que la entidad que está adquiriendo este activo, que podría ser fruto de corrupción, tenía conocimiento antes de hacerlo, durante el proceso o después", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"En ningún lugar en las leyes aplicables americanas se requiere, como elemento para probar corrupción, que haya una condena en otro Poder Judicial. Y eso lo hemos visto en diversos casos alrededor del mundo, los cuales, por una diferencia de sistemas jurídicos, las investigaciones duran años y años. Pero no es requisito una condena en el Perú para hacer una acción y tener un resultado en el exterior", agregó.
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¿Cuál es el impacto que tendría la demanda contra Brookfield?
En otro momento, De Luca precisó el tipo de responsabilidad que podría tener la empresa Brookfield Infraestructura Group S.A.C. en caso la Municipalidad de Lima gane la demanda.
"De la forma en que funciona la justicia en Estados Unidos, usted puede entrar en la justicia, comenzar un proceso, una acción judicial y en el curso, independientemente de lo que haga la justicia en cualquier otra jurisdicción, puede probar ante esa autoridad el acto de corrupción. Lo que necesita es la evidencia. Uno puede presentar la evidencia como sea que la obtenga. No hay un requisito jurídico que esa evidencia venga de A, B, C, D. Hay mucha flexibilidad en cómo se puede probar un hecho con evidencia en Estados Unidos", manifestó.
"El impacto que podría tener es diverso. Esto puede variar de responsabilidad civil a responsabilidad penal a diversos daños monetarios. No adjudica, para ser claros, la validez del contrato. Pero eso en términos estrictamente legales. En términos prácticos, sí puede haber consecuencias muy serias", finalizó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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