Columna | La CADE espera a Martín Vizcarra

Desde que se inventaron las Conferencias Anuales de Empresarios, CADE, hace cerca de sesenta años, sus dirigentes han tratado de impulsar reformas y para eso crear instituciones que las lleven a la práctica. Desde Prado en 1961 hasta Kuzcynski el 2017, pasando por Fernaunde Belaunde, Juan Velasco Alvarado, Alberto Fujimori, Alan García y Ollanta Humala los dirigentes empresariales han esperado de los gobernantes de turno mensajes claros, seguridad jurídica y predictibilidad.

Desde el SENATI creado en 1961 hasta el Consejo Privado de Competitividad creado el año pasado, el balance de logros y dificultades ha permitido dar respuestas a las trabas que impiden que nuestro país alcance su nivel potencial de crecimiento. Sabemos demasiado bien que crecer solo 4% al año no nos permitirá reducir la pobreza ni crear los puestos de trabajo formales que requiere la incorporación al mercado laboral de los jóvenes que llegan cada año a la edad de trabajar.

  ¿Cómo es posible que el presidente del Patronato Pikimachay, Carlos Añaños, tenga que resignarse a que de los 500 millones previstos en proyectos de Obras por Impuestos en Ayacucho no se haya ejecutado nada? ¿Por qué retrocedemos en los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial? ¿Qué explica que los logros de ciudades como Medellín y Curitiba sean en el Perú sueños que se postergan y frustraciones que persisten? Quizás el expresidente Álvaro Uribe nos aporte hoy algunas explicaciones de lo alcanzado por Colombia, país que produce veinte y cinco veces más petróleo que nosotros y que mejora de año en año sus índices de competitividad.

Pero sobre todo, CADE espera al presidente Martín Vizcarra que tiene una oportunidad de oro para lanzar una agenda post-referendo. El economista Michael Porter ha sostenido que la corrupción es el principal enemigo de la productividad. Sin duda, pero no es el único. ¿Se decidirá Martín Vizcarra y su ministro de Economía a lanzar la Política Nacional de Competitividad y Productividad?

No podemos aumentar nuestra generación de riqueza sin resolver cuatro problemas que arrastramos sin enfrentarlos en una lucha igualmente frontal que la librada contra la corrupción:

1) Colmar la brecha de infraestructura, que aumenta los costos y priva a muchos productores de asegurar mercados más allá de nuestras fronteras.

2) Adaptar nuestro esfuerzo educativo a la realidad cambiante de una economía cada vez más dependiente de nuevas tecnologías.

3) Simplificar los procedimientos administrativos que acaparan energía, disuaden inversiones y favorecen la corrupción.

4) El más difícil, reducir los sobrecostos salariales y la rigidez para contratar y despedir.

¿Qué justifica que las gratificaciones sean tres veces más elevadas en nuestro país que en nuestros socios de la Alianza del Pacífico? ¿En virtud de qué distorsión jurídica el Poder Judicial decide quién debe reincorporarse a una empresa privada o a un organismo del Estado? Se suele decir que “a los políticos no les gusta el largo plazo”.

En efecto, nadie recuerda, por ejemplo, que fue un Canciller socialdemócrata, Gerhard Schroeder, el que impuso las reformas laborales que han permitido el auge actual de Alemania y la longevidad política de su sucesora, Angela Merkel. Estamos ante una oportunidad que no se repetirá: un presidente que tiene dos años y medio por delante, que cuenta con una tasa elevada de aprobación ciudadana y que necesita un nuevo hilo conductor que dé coherencia y norte a la acción de su gobierno.

La gestión de la inercia es propia de políticos mediocres que solo aspiran a durar. Las decisiones que cambian el curso de la historia requieren de estadistas capaces de asumir riesgos y desafiar la engañosa satisfacción de los sondeos.

Las cosas como son