Este grupo de funcionarios registran ingresos entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales. El contralor general, Nelson Shack adelantó que compartirá información de estos casos con el Ministerio Público.
1,874 Gobiernos Locales
Fueron autorizadas para adquirir y distribuir las canastas a hogares vulnerables, donde se está invirtiendo S/ 234’202,560 millones, según dispuso el Ejecutivo.
Contraloría detecta a 4,212 funcionarios y servidores públicos, a nivel nacional, beneficiados con canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable ya que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales.
Así lo confirmó el contralor general, Nelson Shack, quien adelantó que compartirá información de estos casos con el Ministerio Público.
Con ayuda del portal “Monitor de control y transparencia COVID-19” se pudo conocer que 1,055 funcionarios y servidores públicos tienen ingresos netos que oscilan entre los S/ 1,200 y S/ 2,000 mensuales, otros 2,477 reciben entre S/ 2,001 y S/ 3,000, y 627 registran ingresos entre S/ 3,001 y S/ 5,000.
"Sorprende que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los S/ 5,000 figuren en el registro de beneficiarios de canastas, las cuales nunca debieron recibir por no encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Incluso hay dos funcionarios que perciben ingresos superiores a S/ 10,001 mensuales”, precisó.
Al detalle
Estos 53 funcionarios con ingresos mayores a S/5,000 laboran en 38 entidades públicas adscritas a los Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional, como la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Corte Superior de Justicia de Ica, Sunat, Gobierno Regional de Piura - UGEL Huancabamba, entre otros.
Por regiones
A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados con la entrega de canastas de víveres se ubican en Lima (14%). Le siguen las regiones de Loreto con 11% (482), Piura con 9% (370), Junín (252), Cusco (239), Huancavelica (219), Ayacucho (207), Áncash (203), La Libertad (200) y Apurímac (198).
Medidas que adoptarán
Shack Yalta anunció que la Contraloría General iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos a fin de determinar posibles responsabilidades.
Además, entregará al Ministerio Público la información sobre estos 4,212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan.
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