Defienden el acceso al agua como un derecho humano

El acceso universal al agua potable y al saneamiento es un derecho humano que debe garantizarse a todos los hogares, centros de trabajo e incluso a los refugiados, según recogió hoy la declaración final con la que culminó en Budapest la "Cumbre del Agua".

Los 1.500 participantes coincidieron en la necesidad de "lograr el acceso general y universal al agua potable y al saneamiento, como parte de los derechos humanos en todos los hogares, escuelas, centros de salud, lugares de trabajo y otros, como en casos de emergencia y en los campos de refugiados".

La ONU estima que en el año 2030, el 40 por ciento de la humanidad sufrirá escasez de agua, a raíz de una demanda que crecerá en un 40 por ciento en relación con la actual.

El ministro de Exteriores húngaro, János Martonyi, llamó la atención, en la rueda de prensa final del foro, a que los problemas del agua están relacionados con la pobreza.

"El agua debe unir y no separar, debe ser una fuente de la fuente de la prosperidad y no de la miseria", afirmó.

Para lograr estos fines "se deben mejorar los diferentes sistemas que gestionan los recursos hídricos", subraya el documento final de la cumbre, que no olvida la importancia de proteger los ecosistemas.

Uno de los temas centrales del foro, que concluye hoy, fue el de la contaminación de las aguas y las consecuencias que tiene a la salud.

En este sentido, la declaración afirma que "se debe reducir la contaminación de las aguas, aumentando el tratamiento y reutilización del agua para proteger la salud de la gente".

En la declaración, el foro opina que el agua y el saneamiento debería ser una de las prioridades de la ONU.

Así, una de las recomendaciones subraya la importancia de mejorar la higiene.

Por ora parte la gestión de los sistemas hídricos debe de ser "abierta" y manejar los datos de una forma "transparente", mientras que se aboga por la creación de mecanismos de cooperación intergubernamentales.

La próxima reunión mundial sobre el agua se organizará en Corea del Sur en 2015.

EFE