Sujetos acusados podrán pasara entre diez y quince años en carcel. Se busca atacar mecanismos como el 'gota a gota'.
Los prestamistas informales que amenacen o agredan a sus deudores para exigir el pago de créditos podrán ser acusados de extorsión y recibir entre diez a quince años de cárcel, si es que se llega a aprobar un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República para ser debatido con carácter de urgencia.
Violencia. La iniciativa, que dispone estas mismas sanciones no solo para los extorsionadores, sino para quienes financien este tipo de créditos, apunta a reducir la incidencia de violencia en los cobros, teniendo en cuenta que muchos micro empresarios adquieren este tipo de préstamos, tal como indica un estudio de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
"No nos fuimos a zonas alejadas del país, o zonas alejadas de Lima. Nos fuimos a mercados de abastos de Miraflores, de Surquillo, y nos dimos cuenta que muchos comercios, muchas personas que tienen puestos en los mercados asumen estos riesgos", comentó.
¿Cuánto cuestan? En su estudio, el gremio comparó las tasas de interés de un crédito mype de pago diario dentro del sistema y otro fuera del sistema financiero. Así, por un crédito de S/1,000, un usuario con una baja calificación crediticia podía llegar a pagar una tasa de 250% al año en el sistema formal. Este costo se multiplica exponencialmente hasta más de 10,000%.
Penas actuales. El penalista Mario Amoretti, saludó la iniciativa del Ejecutivo, aunque recordó que este tipo de prácticas ya se pueden denunciar en el país como extorsión genérica; lo difícil es tener las pruebas del amedrentamiento.
"No hay estudio científico, no hay un estudio estadístico respecto a cuántas denuncias hay sobre este hecho delictivo. Aquí se cree que la delincuencia se va a reducir imponiendo penas graves y la realidad nos demuestra todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo con la medida, pero no con una pena tan alta", dijo.
Más información. Por otro lado, Morisaki señaló que además de una norma que endurezca las sanciones, se debe mejorar la calidad de educación financiera que reciben los ciudadanos y la claridad de información que emiten las entidades.
Por el momento, la propuesta firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la jefa del gabinete de ministros, Mercedes Araoz, deberá esperar ser debatida en la Comisión de Justicia y la de Defensa del Congreso de la República, tal como dispuso la secretaría del Poder Legislativo.
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