Entidades públicas gastaron más de S/.2500 millones por exoneraciones

Más de S/.2,500 millones por concepto de contrataciones vía  exoneraciones se registraron en las entidades públicas en el 2009. Esta cifra, representa un incremento del 123% en comparación al año anterior.

De acuerdo a un  informe de la Contraloría General de la República  se aprobaron 2 457 exoneraciones,  lo que refleja un aumento del 70%  en relación al 2008 donde se autorizaron 1 444 operaciones bajo esta modalidad.  

Los resultados de la investigación demuestran que, los montos por exoneraciones han crecido de S/.500 millones en el 2005 a S/.2500 millones en el 2009.  Este importe representa el mayor incremento registrado desde el año 2005.  

“Las situaciones de emergencia se convirtieron en el principal argumento de las entidades públicas para no convocar a procesos y concursos abiertos donde participen varios postores y exista una libre competencia. Invocando esta causal, el sector público en el 2009  aprobó 924 exoneraciones por 1 423 millones de soles, lo que representó un incremento de 350% en comparación al 2008”, explicaron.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, la situación de emergencia sólo puede ser invocada cuando se producen acontecimientos catastróficos, situaciones que representen grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional.

Un monto importante comprometido en las exoneraciones se realizó al amparo de dos Decretos de Urgencia N° 037-2008 y N° 004-2009, que  autorizaron a las entidades públicas a realizar contrataciones directas hasta por 625 millones de soles.

Como resultado de la labor de auditoría  se determinaron 53 observaciones. Las más frecuentes son la aprobación de contrataciones sin sustento técnico que acredite la causa de la exoneración y con valores referenciales no sustentados en un estudio de mercado, la suscripción de contrato de ejecución de obra excediéndose el plazo máximo permitido y la cancelación irregular de procesos de selección en marcha para forzar la situación de desabastecimiento inminente.

Además, el pago a contratistas en  cantidades que excedían el monto contratado,  pago de adicionales de obra sin sustento técnico adecuado, falta del expediente de contratación en algunas exoneraciones,  ausencia o deficiencia en la conformidad de servicio y la inacción para aplicar penalidades  ante incumplimientos de contratos.

La Contraloría considera que la mayor parte de estas observaciones se originaba debido a que la  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento dejan espacios de discrecionalidad a los funcionarios, lo que debilita el sistema de control sobre las exoneraciones.

“Por ello es necesario dotar de mayor claridad, coherencia y precisión al actual marco legal, para garantizar que este tipo de procesos se utilicen de manera indiscriminada y terminen perjudicando los intereses del Estado”, indicaron.