Gobierno desiste de demandas contra leyes que eliminan régimen CAS y negociación colectiva

El Gobierno anunció que desistirá de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la ley que elimina el régimen CAS y la ley que regula la negociación colectiva.

Según indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se presentará un recurso de desistimiento contra ambas demandas enviadas al Tribunal Constitucional (TC).

Torres precisó que acorde al Código Procesal Constitucional, las demandas de este tipo solo concluyen cuando hay una sentencia emitida, pero el Gobierno presentará ante el TC el recurso para que se conozca la voluntad del Poder Ejecutivo.

“El Gobierno actual no quiere dejar sin efecto ambos cuerpos legales, que benefician a los trabajadores”, dijo el ministro.

Ambas leyes, que ahora el Gobierno pretende mantener, fueron demandadas ante el TC durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, pues se argumentaba que la medida afectaría al presupuesto público.

El Ejecutivo ahora indica que la implementación de las dos normas mencionadas “se hará progresivamente, de acuerdo al presupuesto de la Nación”.

CAS

La iniciativa, que elimina el CAS y plantea incorporar al régimen laboral DL 728 a los trabajadores que se encuentren en este régimen, fue aprobada y promulgada por insistencia en el Congreso anterior.

Según se señala en la demanda, la ley vulnera las competencias del Gobierno en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de los recursos humanos en el sector público.

Con los 286 mil trabajadores que se encuentran en régimen CAS, se estima que la ley implicaría un costo no previsto de S/ 3,600 millones para le presupuesto público.

Negociación colectiva

La ley 31188 planteaba un cambio en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores en el sector público, lo cual podría implicar solicitudes sin límites de estos trabajadores sin límites.

Esto podría generar que se destine la mayor parte de su presupuesto en el pago de planilla afectado a la prestación de servicios como salud, educación, seguridad, o limpieza pública, lo cual significaría un costo adicional a los recursos públicos de hasta S/ 6 228 millones al año.