Se financiará con recursos excedentes del FEF. | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la creación del Fondo de Infraestructura Pública y Servicios Públicos que buscará financiar las diferentes fases del desarrollo de las Asociaciones Público Privadas, lo que incluye la mitigación de los riesgos derivados de éstas.

Pero la gran pregunta cae de madura ¿de dónde saldrán los recursos para alimentar este nuevo fondo? El Decreto Legislativo establece que se destinarán los saldos presupuestales de libre disponibilidad del Tesoro Público, siempre que el ahorro acumulado en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) no sea menor al 4% del PBI.

Es decir, siempre que el FEF cuente con ahorros equivalentes al 4% del PBI, el 100% de sus ingresos adicionales irán a financiar el nuevo Fondo de Infraestructura. El problema es que hasta ahora, los excedentes iban a pagar la deuda pública del país.

Al cierre del 2015 el FEF contaba con recursos por US$7.902 millones, lo que equivale al 4.7% del PBI.

La decisión de usar recursos del FEF para financiar proyectos de infraestructura fue justamente una las promesas de campaña de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aunque con enormes diferencias, dado que la lideresa pretendía usar más que los excedentes.

Sin embargo, el Decreto Legislativo precisa que en una situación de turbulencia financiera en la que el límite de deuda se eleve hasta el 34% del PBI, los recursos excedentes del FEF volverán a amortizar el endeudamiento público.

El problema es que en el corto plazo se prioriza el financiamiento de proyectos de infraestructura sobre el pago de la deuda, que hasta el tercer trimestre del 2016 se encontraba en 22.7%, según los últimos datos del Banco Central de Reserva.  

La norma publicada en el diario oficial también precisa que el nuevo Fondo de Infraestructura de financiará con los recursos que genere la propia administración del Fondo, los aportes de las entidades a cargo de los proyectos, y los aportes de los concesionarios, conforme a las condiciones contractuales pactadas, y la rentabilidad que estos generen.

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