Las comisiones de Transportes y Comunicaciones y la de Defensa al Consumidor del Congreso aprobaron por insistencia la ley que garantiza que el usuario tenga una velocidad mínima garantizada de conexión a internet.

Este proyecto establece que la velocidad mínima pase de 40% a 70%, pero lejos de ser un beneficio, esta iniciativa afectará a aquellos hogares que no cuentan con el servicio de internet, según Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo del Osiptel

“Sabemos de muchas trabas burocráticas que ponen las municipalidades al interior del país para realizar inversión en infraestructura. Si a esto le agregamos estas exigencias que la ley establece, obviamente las empresas centrarán esfuerzos en las inversión que ya hicieron y no en realizar nuevas inversiones para ampliar la cobertura donde actualmente no existen”, señaló Muente a RPP Noticias.

Riesgos

En los últimos tres años, la velocidad máxima de internet que una persona podía contratar creció 20 veces. Sin embargo, este avance podría ser frenado con la medida del parlamento, advierte Carlos Huamán, Director Ejecutivo de DN Consultores.

“Si los operadores se ven obligados a tener mayor despliegue en infraestructura esto va a inhibir la tendencia de aumento de velocidad, y es justamente lo necesitamos más porque cada vez más el internet está presente en nuestras vidas. Lejos de beneficiar a los usuarios, esta tendencia, ante esta iniciativa legislativa será frenada, lo cual nos afecta a todos”, comentó Huamán.

Carlos Zúñiga, presidente de ELEGIR sostuvo que lo aprobado por las comisiones en el Parlamento obliga a las operadoras a “utilizar el dinero que las empresas destinan al cumplimiento del estándar actual en zonas rurales, donde todavía no han terminado su trabajo, y la reviertan a zonas urbanas para alcanzar ese nivel que exige el Congreso”.

En otro momento, sostuvo que se debe encontrar un punto medio en el que se garantice “la calidad y subutilización de infraestructura”.

“No se necesitan subir números, lo que se necesita es que la prestación se aplique con calidad. Las buenas intenciones no bastan a la hora de legislar, se necesita conocer muy bien el sector. Se deben escuchar los organismos técnicos competentes para saber qué se necesita y qué generaría trabas”, señaló.

Retos pendientes

Actualmente la legislación establece que las operadoras brinden hasta el 40% de la velocidad que contrata una persona, lo que genera malestar en los usuarios. Por ello, Crisólogo Cáceres, presidente la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) pide a las empresas ser más sinceras con los servicios que ofrecen a sus clientes.

“Lo que corresponde es que los proveedores sinceren la oferta y expliquen de una manera visible al consumidor cuáles son los atributos reales de la oferta que hacen. Es decir, ofrecen 100, pero te dan 40, tienen que explicarte eso en la oferta: Señor consumidor, le advierto que la velocidad que le aseguro es 40% la mayor cantidad de tiempo. Y la velocidad de 100 que promociono únicamente se la brindaré en las situaciones siguientes”, explicó Cáceres.