Ante el incremento de casos de COVID-19 por la tercera ola, se plantea declarar de interés nacional la toma de pruebas de descarte.
La tercera ola de la pandemia de la COVID-19 ha impulsado el alza de precios de las pruebas de descarte, las cuales oscilan entre S/ 50 y S/ 400, dependiendo de si son de antígenos o PCR.
Ante este incremento de precios, se ha presentado en el Congreso un nuevo proyecto de ley que propone regular los precios máximos de las pruebas para el diagnóstico del coronavirus en todas sus modalidades.
Esta iniciativa legislativa, impulsada por la bancada de Juntos por el Perú (JP), propone que la toma de pruebas de COVID-19 sea declarada de interés nacional.
"Es necesario que el Estado intervenga para garantizar que la salud sea un derecho y no una mercancía como lo presenciamos, lamentablemente, durante la primera y segunda ola en nuestro país", comentó Isabel Cortez, congresista autora de la iniciativa.
De acuerdo con la iniciativa, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) se encargará de regular, bajo una perspectiva de transparencia y objetividad, los criterios y modalidades aplicables para la fijación del precio máximo de las pruebas.
Mientras que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) sería la entidad encargada de supervisar, fiscalizar y, de ser el caso, sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la propuesta de ley.
En caso la propuesta legislativa sea aprobada en el Pleno, se indica que el Ministerio de Salud tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para hacer cumplir la medida.
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