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por Redacción RPP
·Solamente en Arequipa se han registrado pérdidas por más de 100 millones de soles, según reportó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria arequipeña, Carlos Fernández. Mientras que en Ica hay incertidumbre en el turismo ad portas del feriado largo por Fiestas Patrias.
El reciente paro de los mineros artesanales en el sur del país en rechazo a las medidas del Gobierno contra el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha puesto en evidencia la complejidad del régimen de concesiones mineras en el Perú y su impacto en la economía nacional.
En diálogo con RPP, representantes de la Cámara de Comercio de Arequipa e Ica, así como un exviceministro de Minas, coincidieron en que se requiere una respuesta más decidida del Gobierno de Dina Boluarte para resolver una problemática que se repite constantemente y afecta a empresarios, agricultores y turistas ante los bloqueos de vías.
Por ejemplo, Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, advirtió que los efectos de la paralización por más de una semana han dejado 100 millones de soles en pérdidas en este punto del país, afectando tanto a grandes industrias como a pequeños comerciantes.
“Ha habido mucha fruta que se ha malogrado y no ha podido ser exportada, desde la palta para Asia y Europa hasta la cebolla para Lima. También hubo especulación con los combustibles; el precio del GLP llegó a duplicarse ante la inacción de las autoridades”, comentó.
A este panorama se suma la caída del turismo, con alrededor de 5 000 visitantes que no pudieron llegar a Arequipa por los bloqueos en las vías de acceso, según estimaciones de Fernández, quien acotó que el problema de fondo radica en la informalidad minera.
“Muchos de estos mineros artesanales, calificados como ilegales o informales, son quienes bloquean las carreteras. El Gobierno tiene que asumir la ‘papa caliente’ y tomar decisiones claras antes de que vuelva a ocurrir. Si no se instala una mesa ejecutiva con capacidad de hacer cumplir los acuerdos, esto se va a repetir una y otra vez, más aún en época electoral”, remarcó.
Mientras tanto, en Ica, región clave como corredor hacia el sur, la paralización ha golpeado severamente el turismo, uno de los sectores que recién empezaba a mostrar signos de recuperación tras la pandemia de la COVID-19, de acuerdo con lo comentado por Luis Vila, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ica.
Vila sostuvo que la inestabilidad provocada por los bloqueos podría arruinar la temporada alta de Fiestas Patrias.
“Los empresarios de turismo necesitan la liquidez de estas fechas para sostener sus operaciones. Si el conflicto no se resuelve pronto, habrá consecuencias graves para el sector y para el PBI. Ya sabemos, por experiencias pasadas como el paro agrario, que la demora del Gobierno en intervenir solo agrava la situación”, enfatizó.
Esquema actual de concesión genera cuellos de botella, dice especialista
Bajo una perspectiva técnica, el ingeniero de minas y exviceministro de Minas, Henry Luna Córdova, señaló que la minería peruana se rige bajo un régimen de concesiones establecido desde 1990.
“El territorio se divide en cuadrados de mil metros por mil metros, equivalentes a 100 hectáreas, para solicitar concesiones mineras. Sin embargo, el 42 % del territorio nacional está excluido de este régimen, por lo que solo el 58% es concesionable”, explicó.
De ese porcentaje, apenas un 15 % del territorio está concesionado actualmente, según señaló el especialista basándose en cifras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y de los gobiernos regionales, responsables de otorgar títulos para gran, pequeña y minería artesanal.
A decir de Luna, este esquema genera cuellos de botella y disputas en zonas donde la minería artesanal convive con comunidades, ecosistemas frágiles y actividades agrícolas.
Si bien se estableció una tregua de 24 horas para instalar una mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los gremios empresariales coincidente en que es vital este espacio para ordenar la actividad minera artesanal y formalizar a quienes sí cumplen los estándares laborales y ambientales.
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