El Perú ocupa el quinto lugar en la región en el costo de la lucha contra la inseguridad. Esta cifra representa el 6% del PBI peruano.
La inseguridad y la violencia le cuestan al Perú al año casi 24 mil millones de dólares, restándole 788 dólares (poco más de 2 600 soles) al bolsillo de cada peruano cada 12 meses, de acuerdo con el Índice de Paz Global 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Esta cifra representa el 6% del PBI peruano, por encima del 4.5% de hace un año y nos coloca en el quinto lugar de la región, solo por debajo de Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia.
De acuerdo con Mario Mongilardi, presidente de la CCL, este aumento del gasto no se ha reflejado en una disminución de la inseguridad y consideró que esta cifra debe aumentar aún más.
"Se percibe un incremento en la inseguridad, y esto ha traído felizmente como consecuencia que el gobierno decida invertir mayor cantidad de dinero, en nuestra opinión es insuficiente, tenemos que hacer todos los esfuerzos para así superar esta cifra", detalló Mongilardi.
El economista Carlos Urrunaga explica que solo en el Ministerio Público, el Poder Judicial y las cárceles en el Perú, que determinan la oportunidad del crimen, el estado gasta 5 mil 600 millones de soles al año con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto quiere decir que cada peruano destina 180 soles al año a estas instituciones que deberían garantizar su seguridad, pero no lo hacen.
Por su parte, Mongilardi indicó que la inseguridad no solo afecta a las personas de a pie sino también a los empresarios, sobre todo a los pequeños, quienes desembolsan altas sumas en seguridad.
"Las grandes empresas gastan 9 mil al mes, mientras que la pequeñas empresas no menos de 3 mil soles mensuales. Esas cifras, por ejemplo, para una empresa pequeña, son extremadamente altas. Más del 50% de esta inversión va dirigida a seguridad privada", precisó Mongilardi.
También comentó que en una encuesta realizada en noviembre del 2015 a empresas de Lima, Arequipa y Junín, la mayoría percibe al Poder Judicial y la Fiscalía como instituciones altamente corruptas. Asimismo, la mitad de los empresarios encuestados contestó que la Policía Nacional realiza una labor mala o muy mala.
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