El Ministerio de Energía y Minas convenio tendrá vigencia desde el 28 de febrero hasta el 27 de agosto de 2016.
La Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP), decidió ampliar la liquidación de Doe Run Perú por seis meses, plazo que garantiza el respeto a los derechos socio laborales de los trabajadores, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La reunión estuvo presidida por el MEM, donde por acuerdo unánime de los acreedores, se ratificó a DIRIGE como liquidador de la empresa, con el 100% de los votos asistentes, en un convenio que tendrá vigencia desde el 28 de febrero hasta el 27 de agosto de 2016.
¿Qué se hará en seis meses?
El representante de la empresa liquidadora, Pablo Peschiera, señaló que las medidas propuestas en el convenio tienen por objetivo vender los activos de DRP a un mayor valor y ello se logra a través de la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la continuidad de la Unidad Minera Cobriza (UMC).
El nuevo convenio establece lineamientos para la venta de los activos como negocio en marcha, señalando que el CMLO y la UMC deberán venderse, vía remate, de manera conjunta; pero si la venta es independiente, ésta deberá ser simultánea. Asimismo, el comprador deberá contratar a la totalidad de los trabajadores, respetando sus derechos socio laborales como remuneraciones, escalas salariales, convenios colectivos, entre otros.
Como parte del plan para facilitar la viabilidad de una liquidación en marcha, el convenio asigna a los trabajadores un stock de 150 mil toneladas de ferritas (de un total de 550 mil toneladas), cuya venta será destinada al pago de sus acreencias.
Por otro lado, el convenio de liquidación suscrito también estipula que el comprador se compromete a culminar el proyecto denominado "Modernización de Cobre y Planta de Acido" conforme a lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAC) del CMLO.
“El MEM es un acreedor y como tal quiere maximizar la rentabilidad de los activos de Doe Run Perú. La presidencia de la Junta busca consensuar la mejor solución posible para el beneficio de los acreedores, recogiendo los intereses de todos los participantes y respetando los derechos de los acreedores, trabajadores y demás interesados de conformidad con el derecho aplicable”, señaló Rosario Patiño, representante del MEM.
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