Las principales propuestas para reformar el sistema de pensiones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó hoy el informe elaborado por la Comisión de Protección de Social (CPS), un grupo de trabajo conformado por expertos designados por el Gobierno que tenía como misión proponer una reforma del sistema de pensiones.

El reporte, que incluye propuestas con las que el MEF no necesariamente coincide, será usado como punto de partida de un debate sobre esta reforma.

En principio el informe plantea un sistema integrado de pensiones que funcione sin discriminación alguna para todos los ciudadanos. Esto implica unir las fortalezas individuales del sistema nacional (SNP), el sistema privado (SPP) y programas de asistencia social (Pensión65), de forma de consolidar sinergias que coadyuven a ofrecer pensiones de calidad superior.

Se propone que todos los nuevos entrantes a la fuerza laboral (sea en el sector formal o informal, sean trabajadores dependientes o independientes) se afilien obligatoria y automáticamente al nuevo sistema integrado.

“Todo peruano estaría automáticamente afiliado al nuevo sistema de pensiones a partir de los 18 años, e identificado para el propósito con su Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque en las zonas rurales se podría dar un tratamiento excepcional dado que en ellas es legal el trabajo de menores de edad”, precisa el documento.

La Comisión plantea que el Estado otorgue una pensión básica e universal, en el sentido de que garantizaría que ningún peruano tenga un ingreso menor a esa pensión en la vejez, calculada a modo de ilustración en S/125 que es lo que otorga el programa Pensión 65.

Para esto, el Estado daría un subsidio público decreciente dirigido a los individuos de menores ingresos (y, por tanto, de menor capacidad de ahorro) y diseñado de forma tal que no desincentive el esfuerzo de ahorro individual. La Comisión recomienda que estos recursos sean administrados por la ONP.

Para fomentar el ahorro previsional, la Comisión sugiere que el gobierno considere subsidiar parte del 10% de aporte al sistema para los jóvenes de bajos ingresos, si las restricciones fiscales lo permiten.

Esto significaría en la práctica que el joven ciudadano que cuenta con 25 años o menos y que participa obligatoriamente en el sistema, experimente una retención en su cuenta individual de solo el 5%, mientras el Estado se encarga de completarle a través de un subsidio del otro 5%, mientras que para los jóvenes de entre 26 y hasta 30 años se sugiere financiar el 3% de ese aporte.

La Comisión también propone que cada vez que un ciudadano peruano pague por algún tipo de consumo, un pequeño porcentaje (a ser determinado después de los estudios correspondientes) de ese gasto sea adicionado a la factura y automáticamente canalizado a la cuenta de capitalización individual de la persona que hace el gasto (o de un familiar suyo que designe explícitamente).

“Se recomienda elegir un tipo de consumo que no sea de necesidad básica pero que, sin embargo, se caracterice por una demanda relativamente inelástica, por ejemplo, la adquisición de servicios de telefonía celular”, plantea.

El informe además propone la centralización de los servicios de administración de cuentas y atención al cliente (al trabajador afiliado) en una sola institución. Esta Centralizadora, tendría que ser independiente, profesional, eficiente, bien regulada, y sujeta a estándares altos de gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas.

La Centralizadora se concentraría en funciones sujetas a fuertes economías de escala (cuya provisión centralizada es eficiente desde el punto de vista económico y social), tales como la recaudación de aportes, el registro contable de los ahorros de cada afiliado, el pago de beneficios, etc. La Comisión considera que la ONP puede constituirse en la base de este nuevo ente centralizador, aunque pueden evaluarse otras alternativas.

De otro lado, sugiere eliminar o desactivar la opción de retirar a suma alzada el 95.5% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual y, a la vez, se fomenta de manera vigorosa el uso de esos fondos para construir una pensión a través de una renta vitalicia o un esquema prudente de retiro programado.