Ley de Consulta Previa genera pugnas en el Gabinete

Un funcionario clave del Gobierno peruano renunciará en los próximos días, dijeron fuentes a Reuters, en medio de una pugna en el gabinete sobre qué pueblos indígenas deben ser incluidos en una ley que ha frenado millonarios proyectos de inversión y cuya controversia puede escalar en protestas sociales.

La prevista salida del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, llevaría a un retroceso en la implementación en la llamada "Ley de Consulta Previa", promulgada hace más de un año, por la que las empresas deben solicitar opinión a las "comunidades indígenas y originarias" sobre sus planes de extracción de recursos naturales.

Aunque la opinión indígena no es vinculante, la lentitud en la reglamentación de la norma ha generado que se retrasen algunas inversiones en el sector minero y en procesos de concesión de lotes de hidrocarburos en la selva del país.

La inclusión en esta ley de las comunidades campesinas o "quechua-hablantes", ubicadas principalmente en los Andes donde las grandes mineras esperan iniciar sus nuevos proyectos, generó un enfrentamiento entre algunos miembros del Gobierno que no las consideran "indígenas" ni "originarias".

Eso implicaría que sólo se incluirá a las tribus amazónicas y a algunos pequeños grupos aymaras y uros en el sur del país.

Seis fuentes afirmaron a Reuters en los últimos días que quien presionó fuertemente para que no se incluyera a las comunidades quechuas en la ley de consulta fue el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en contra de lo reglamentado por Lanegra.

Reuters buscó comentarios del ministro Merino en torno al tema, pero su portafolio no accedió de inmediato a los pedidos.

DISPARANDOSE EN EL PIE

"Merino ha convencido al presidente que las comunidades quechuas deberían ser excluidas. Parece que Merino ha ganado", dijo una influyente ex funcionaria de alto rango ahora estrechamente ligada a los actores involucrados en el tema.

"Creo que es un gran error y todos nosotros pagaremos al final del día", afirmó la ex funcionaria que solicitó no ser identificada. "Cuando estas comunidades estén molestas van a atacar justo debajo de nuestras narices, las minas", agregó.

La ley de consulta es fundamental para concretar proyectos mineros, vitales para la economía de Perú porque sus exportaciones representan el 60 por ciento de los envíos totales del país, uno de los mayores productores de metales del mundo.

Perú tiene en cartera proyectos mineros y energéticos por unos 60.000 millones de dólares para los próximos años, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

Una fuente de la industria minera dijo que Merino "se ha dado cuenta que con esta ley el Gobierno se ha disparado en el pie y que está retrasando los proyectos en el sector minero".

El presidente Ollanta Humala, un militar retirado, busca impulsar las inversiones en el sector para sostener el fuerte crecimiento económico del país y cumplir su promesa de trasladar los beneficios de este auge a los pobres.

En el 2009, durante el Gobierno de Alan García, al menos 33 personas murieron tras un choque entre la policía y los indígenas de la localidad selvática de Bagua, quienes exigían por sus territorios y recursos naturales.

Humala firmó la ley de consulta poco después de acceder al poder en el 2011, tras prometer otorgar más poder a los pueblos indígenas, históricamente relegados del desarrollo del país.

"En el caso de minería, es muy importante mantenernos como un país competitivo para las exploraciones, si no hay exploraciones no hay proyectos mineros", dijo Merino a la estación de televisión Canal N.

REVISION DE COMUNIDADES

Hace unos días, Humala hizo eco a la visión que tiene Merino sobre las "comunidades indígenas" y dijo que se "está viendo un proceso de revisión de comunidades".

"En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria (...), más que todo las comunidades nativas se ven en la selva", afirmó Humala.

El Ministerio de Cultura, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha identificado a 52 pueblos indígenas en el país: 48 de origen amazónico y cuatro de origen andino, entre ellos los quechuas.

"No pueden desconocerse los derechos de las comunidades campesinas a tener acceso a los derechos colectivos vinculados con los pueblos indígenas. Es una necesidad", afirmó Lanegra el pasado viernes, en un foro sobre los derechos de indígenas.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, las comunidades campesinas son propietarias del 18,74 por ciento del territorio peruano y las amazónicas son dueñas del 8,56 por ciento.

"Las comunidades campesinas tenemos raíces históricas y de pueblos étnicos preincas. Hay lengua, costumbres, formas de vida propia, todos los criterios que definen ser pueblo indígena", dijo Tania Pariona, una activista quechua.

El viceministro Lanegra ha argumentado que el Convenio 169 de la OIT no hace referencia a la "indefensión" o "puridad" cultural, pero sí de la "diferencia cultural". "La cultura indígena quechua-hablante es una realidad diferenciable", agregó recientemente.

Para el primer ministro, Juan Jiménez, la base de datos de pueblos indígenas aún se está elaborando. "Es un registro que se va a ir armando en el tiempo", precisó.

El Estado ha elevado su presencia en zonas donde se ha producido protestas por temores a que la minería contamine el ambiente, luego de que al menos 24 personas murieran en conflictos sociales en los casi dos años de Gobierno de Humala.

REUTERS