El Ministerio de Economía afirmó que este es el intento más reciente de Gramercy para desprestigiar al Perú por el caso de los bonos de la reforma agraria.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Perú defenderá firmemente su posición contra las pretensiones del fondo de inversión estadounidense Gramercy, que presentó una demanda de arbitraje contra nuestro país por US$ 1 600 millones, por los bonos impagos de la reforma agraria.
“El Perú seguirá siendo un emisor confiable de bonos globales contemporáneos, y también seguirá implementando el procedimiento establecido para el pago de los tenedores de los bonos de la reforma agraria. El Perú defenderá su posición contra las pretensiones de Gramercy firmemente y en el marco de legalidad”, indicó el MEF en un comunicado.
También confirmó que el Perú ha recibido la “Notificación de Arbitraje”, al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APC) de parte de dos entidades con supuesta sede en los Estados Unidos: Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC (Gramercy).
“La notificación se refiere a supuestas posesiones de bonos de la reforma agraria. Este es el intento más reciente de desprestigiar al Perú tras intentos similares en el pasado y más que nada parece estar diseñado por Gramercy para llamar atención a sus intereses particulares durante el momento actual del país”, señala el ministerio.
El MEF precisó que el Perú tiene un procedimiento administrativo de pago para los tenedores legítimos de los bonos de la reforma agraria que está avanzando en cumplimiento de la ley.
¿Cómo se originaron los bonos?
Recordó que estos bonos se originaron en circunstancias particulares que atravesó el país en el año 1969, y se proporcionaron como compensación por tierras en virtud del Programa de Reforma Agraria.
“Se dieron en el Perú, en la moneda local existente en ese momento, sujeto a la ley peruana y bajo la jurisdicción de las cortes peruanas. Son diferentes a los bonos soberanos globales contemporáneos”, indicó.
El Tribunal Constitucional emitió una decisión en el 2001, estableciendo que los bonos se debían pagar, sin especificar una metodología para ello. Posteriormente, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el 2013, estableciendo una metodología de valoración, recordó el MEF.
Asimismo, ordenó el establecimiento de un procedimiento administrativo para procesar los bonos. La Decisión del Tribunal Constitucional sigue vigente y es vinculante por ley.
El procedimiento administrativo prevé la autenticación y registro de los bonos de la reforma agraria, así como su valoración y pago.
“Durante los últimos dos años, cientos de tenedores de bonos han participado y más de diez mil bonos han sido autenticados”, sostuvo.
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