Sin embargo, desafíos como la minería ilegal y el incumplimiento de planes de cierre, ponen en riesgo su correcta ejecución.
Según a lo establecido en la Ley N° 28090, que regula el cierre de minas, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con garantías para que se cumpla dicho proceso que ascienden alrededor de $ 2,800 millones.
“Están las garantías de cierre de minas que son menos de $ 10,000 millones, son como $ 2,700 o 2,800 millones que están inmovilizados en garantías de cierre de minas en el Minem”, dijo en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Las actividades de cierre se dividen en tres categorías: el cierre temporal, que implica la suspensión momentánea de las actividades debido a razones operativas o económicas; el cierre progresivo, que abarca la clausura de los componentes que ya no son útiles para la operación; y el cierre final, que se lleva a cabo cuando todas las actividades mineras concluyen de manera definitiva. Posteriormente, se lleva a cabo la etapa de post-cierre.
Los retos pendientes
Por otro lado, Vásquez señaló que enfrentan diversos retos e incluso amenazas relacionadas con estas labores, como la minería informal e ilegal. Estas actividades, al no contar con autorización ni regulación, no contemplan compromisos ambientales ni planes de cierre de minas.
Asimismo, mencionó el problema del incumplimiento de los planes de cierre, destacando casos emblemáticos como los de contaminación en la cuenca del río Llallimayo (Puno) y el río Coralaque (Moquegua).
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