Se busca cambiar el sistema de regalías, para que se apliquen sobre la utilidad operativa y ya no sobre la venta. Además, hay dos proyectos sobre el nuevo gravamen minero, uno para empresas con estabilidad y otro para empresas sin convenios de estabilidad jurídica.
El Consejo de Ministros aprobó este martes tres proyectos de ley que enviará en breve al Congreso, en los cuales plasma su objetivo de imponer una carga tributaria mayor al sector de la minería. Uno de estos proyectos plantea un cambio en el sistema de regalías, mientras que los otros dos se refieren al nuevo gravamen anunciado por el premier, Salomón Lermer Ghitis.
Según el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el actual sistema de regalías es regresivo pues se aplica sobre las ventas y no sobre la utilidad. El primero de estos proyectos, plantea comenzar a cobrar las regalías sobre el márgen operativo.
Este cambio beneficiaría a aquellas empresas mineras que explotan, por ejemplo, minas de baja ley y que deben vender grandes volúmenes con márgenes menores. "Se busca un impuesto más justo, que se defina en función de la utilidad y no de las ventas", explicó Castilla en la conferencia posterior a la reunión del gabinete.
En segundo lugar, el Ejecutivo ha preparado un proyecto para aplicar el nuevo gravamen minero o "impuesto social a la minería", a las empresas que no gozan de contratos de estabilidad tributaria y que generalmente son las pequeñas y medianas mineras. Este nuevo gravamen se aplicará sobre la utilidad operativa, igual que en el caso der las regalías.
La utilidad operativa es aquella que resulta al descontar todos los costos de operación inherentes al negocio.
El tercer proyecto de ley, plantea al Congreso que se autorice al Poder Ejecutivo a firmar convenios con aquellas empresas que sí tienen contratos de estabilidad tributaria, para poder aplicar el gravamen especial. La base sobre la cual se calcularía este nuevo tributo es nuevamente la utilidad operativa.
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, precisó que con estos proyectos de ley, el Estado busca obtener mayores ingresos por sus recursos no renovables, los cuales posibilitarán que el país haga una importante inversión en infraestructura durante los próximos años.
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