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La minería ilegal de cobre, una actividad que durante años se mantuvo fuera del foco mediático, hoy comienza a mostrar sus efectos más preocupantes. No solo afecta operaciones formales, sino que también amenaza nuevas inversiones, el ambiente y la seguridad de las personas, especialmente en el sur del país. Conoce más sobre esta problemática en el siguiente informe de RPP, en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El reciente ataque a la operación minera de Las Bambas, en Apurímac, ha vuelto a poner el foco en los riesgos que enfrenta la minería formal en el país.
Si bien buena parte de la atención se concentra en la minería ilegal de oro, la extracción de cobre sin permisos ni control avanza preocupantemente, sobre todo en el sur del país. Así lo detalla Stephanie Mayta, investigadora del IPE.
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"La minería ilegal de cobre ha venido incrementándose de forma sostenida en los últimos años, principalmente a raíz de la falta de atención del Estado en esta zona. Particularmente, operaciones formales en regiones como Cusco o en Apurímac, como por ejemplo Las Bambas, han visto afectadas sus operaciones a raíz de invasiones por parte de mineros ilegales, que incrementan cada vez más su capacidad operativa en estas regiones."
De acuerdo con el IPE, estas operaciones —que se presentan como minería artesanal o de pequeña escala— han crecido tanto que ya no encajan en esa categoría.
De hecho, solo en el corredor minero del sur, entre 120 y 200 camiones transportan mineral de origen ilegal diariamente, casi duplicando el flujo de proyectos formales como Las Bambas.
Cada vez hay más plantas procesadoras que funcionan sin permisos. En los últimos 10 años, su número se ha triplicado en todo el país. Mayta revela que Arequipa, Ica y Puno son las regiones donde este incremento ha sido más notorio.
"La falta de control del Estado, sumado a los precios cada vez más atractivos del cobre, ha llevado a que se incremente el número de plantas procesadoras, particularmente en la zona sur del país. En los últimos 10 años, el número de plantas procesadoras de minería artesanal y minería de pequeña escala se ha triplicado a nivel nacional y, en regiones como Ica y Puno, el incremento ha sido incluso mayor. En particular, Arequipa, que es la zona donde se concentra un mayor número de estas plantas, ha duplicado esa cantidad, lo que evidencia también el incremento en la actividad y la magnitud de las operaciones de minería ilegal de cobre".
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, la capacidad de procesamiento de estas plantas se ha multiplicado por 18 entre 1997 y 2025. Si antes podían procesar poco más de mil toneladas por día, ahora superan las 20 mil toneladas. Esto permite que más mineral ilegal se procese y se venda en mercados formales.
En recientes declaraciones a la prensa extranjera, el titular de Energía y Minas, Jorge Montero, indicó que se ha identificado en Apurímac la zona más importante de producción no formal de cobre.
"La minería no formal que está produciendo cobre aún es muy pequeña, es un porcentaje aún mínimo. Tenemos algunas actividades de esta naturaleza que nos preocupan en el tajo de Sulfobamba, en Apurímac. Ahí hay una operación de extracción ilegal, informal, eso se tiene que precisar. Esa es la operación no formal más importante de producción de cobre en este momento y es aún un porcentaje muy pequeño, pero no descartamos que eso pueda aumentar en la medida en que no se le preste atención".
De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, una comunidad de agricultores en Apu Chunta, Apurímac, produce cobre por un valor estimado en 300 millones de dólares al año. Sin embargo, no existe hasta ahora una cifra oficial de cuánto dinero mueve la minería ilegal de cobre en el Perú.
Por otro lado, preocupa también el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que sigue operando como un paraguas legal para miles de operaciones que, en la práctica, continúan funcionando sin cumplir los requisitos. Al cierre de 2024, en Arequipa, Cusco y Apurímac se concentraban más de 27 mil registros. Y aunque el 75 % de estos están suspendidos, muchos continúan activos.
Entonces, ¿qué acciones deben tomar nuestras autoridades para frenar esta problemática antes de que avance más? Para el IPE, cerrar definitivamente el Reinfo es el primer paso.
"Una atención integral de la minería ilegal en el país parte primero del cierre definitivo del Reinfo. Esta ha sido una herramienta clave dentro del proceso de producción ilegal tanto de oro como de cobre y continúa hoy funcionando como un paraguas, digamos, una protección para estos operadores. Entonces, cerrar primero, o no ampliar su vigencia por seis meses adicionales como está previsto inicialmente en la ley que se publicó a inicios de año, es un primer paso en esa línea".
El avance de estas actividades no solo afecta a las operaciones actuales, sino que también pone en riesgo nuevas inversiones. Proyectos como Michiquillay en Cajamarca y Los Chancas y Haquira en Apurímac, que juntos suman casi 7 mil millones de dólares, siguen postergándose por la inseguridad y la falta de control en esas zonas.
El IPE advierte que, si no se actúa a tiempo, la conflictividad y la presencia de organizaciones ilegales podría escalar, poniendo en peligro el desarrollo minero y la tranquilidad de todos los peruanos.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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