La pesca ilegal, la nueva amenaza económica que ya compite con la minería ilegal: ¿Qué consecuencias tendría para el Perú? [INFORME]

La pesca ilegal se ha convertido en una de las economías ilícitas más grandes y dinámicas del país. Su expansión afecta la sostenibilidad de los recursos marinos, la economía formal y la seguridad nacional. Este informe reúne las perspectivas del Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Marina de Guerra del Perú (DICAPI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) sobre una amenaza que continúa en crecimiento.

Pesca ilegal: paralelismos con la minería ilegal

En 2024, el crecimiento del PBI peruano estuvo impulsado por los sectores primarios. La pesca lideró con un notable 24.9 %, resultado de una captura récord de anchoveta favorecida por condiciones oceanográficas positivas. Este sector genera cerca de 400,000 empleos directos e indirectos, sosteniendo a miles de familias en la costa y a lo largo de toda la cadena de valor.

Pero la magnitud del sector también ha amplificado el crecimiento de la pesca ilegal: extracción y venta clandestina de recursos, evasión de impuestos, incumplimiento de vedas y elusión de requisitos de formalización. Estos costos operativos bajos golpean directamente a los pescadores y empresas que sí cumplen la ley.

RPP conversó con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna, quien advirtió que la pesca ilegal podría replicar el colapso institucional generado por la minería ilegal: “Si no hemos aprendido nada con la minería ilegal, vamos a perder nuevamente otro sector importante como es la pesca”.

El paralelismo no es casual. Ambas actividades comparten patrones:

• Uso de pequeños actores: pescadores o mineros artesanales instrumentalizados por redes mayores.
• Resistencia al control: rechazo al monitoreo satelital porque revelaría capturas ilegales, dinámica similar a la resistencia de pequeños mineros a ser fiscalizados.

Luna enfatiza la necesidad de perseguir a los verdaderos responsables: los “grandes peces gordos” que sostienen el negocio ilegal. Señala que, aunque a nivel global la pesca ilegal genera pérdidas de $ 23,000 millones, en Perú estas bordean los $ 500 millones, pero advierte que “está subestimado y se requiere un mayor análisis para hacer una trazabilidad de las pérdidas que genera”.

Un indicador de desvío es la anchoveta destinada a Consumo Humano Directo:

• Ausencia de conservas: Pese a que deberían existir alrededor de 150 millones de latas de conservas de anchoveta (similar a las latas de atún comercializadas), es muy difícil conseguir latas de este producto en los mercados, lo cual indicaría un desvío.
• Exportación anómala a Ecuador: pasó de 900 toneladas en 2019 a 32,000 en 2024. Para Luna, esto sugiere que parte de la anchoveta estaría usándose para producir harina ilegal en plantas fronterizas.

¿Hay presencia de embarcaciones ilegales en aguas peruanas?

La pesca ilegal involucra flotas nacionales y extranjeras, especialmente en anchoveta y pota. Luna comenta que existe pesca ilegal "en toda la costa, principalmente en el norte del país: Paita, Sechura, Chimbote, Pisco y Talara".

El Capitán de Navío Eduardo Zamora explicó a RPP que la Marina utiliza vigilancia electrónica y patrullajes marítimos para mantener “conciencia situacional marítima”. Este año se capturaron 14 embarcaciones ecuatorianas que ingresaron sin autorización, principalmente en Tumbes.

Por su parte, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señala que la flota artesanal —casi 19,000 embarcaciones— ha aumentado debido a astilleros ilegales en zonas como La Tortuga y La Islilla. Su intervención requiere coordinación entre Capitanía, PRODUCE y la Fiscalía, debido a los delitos ambientales asociados.

Luna advierte además que “se sabe que en el norte hay plantas industriales ilegales, que incluso tienen seguridad privada. En Pisco también hay otra planta con estas características”, por lo que las acciones en el mar no son suficientes.

Sanciones y la advertencia para el futuro del sector

Las sanciones por pesca ilegal incluyen multas y procesos penales. Cuando una embarcación no tiene permiso, PRODUCE deriva el caso a la Fiscalía Ambiental. Barrientos precisa que unas 40 embarcaciones ya están en trámite para interdicción.

Sin embargo, el impacto social es profundo: cerca de 400,000 pescadores artesanales formales compiten deslealmente con flotas que operan sin reglas, reduciendo sus ingresos y poniendo en riesgo la subsistencia de sus familias. Por ello, es importante combatir la pesca ilegal por todos los frentes.

Para Luna, evitar que el sector pesquero repita la crisis de la minería ilegal exige:

1. Monitoreo satelital obligatorio: Si bien no es suficiente, es el punto de partida.
2. Mayor fiscalización articulada: Un control coordinado y serio entre PRODUCE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas (DICAPI).
3. Refuerzo normativo: Poner más "candados" a la ley para impedir prácticas como la exportación de anchoveta a Ecuador, que debería estar destinada a consumo humano.

Jessica Luna finaliza advirtiendo el riesgo de replicar errores ya conocidos “no debemos perder esta oportunidad porque va a ser muy tarde. Próximamente, se va a discutir una nueva ampliación del Reinfo, no tenemos que llegar a esa situación. Lo mismo está ocurriendo en la pesca con proyectos de ley que busca ampliar los procesos de formalización. No podemos repetir la historia y esto requiere un trabajo coordinado de todos los actores desde la industria”.