La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) sostuvo que para reducir la informalidad de 73% a 48% al 2021, se tendrían que crear anualmente un millón de empleos formales, sin embargo advirtió que en el último año unos 257 mil peruanos pasaron a ser informales.
Más informales. Según el gremio industrial señaló que el objetivo a alcanzar implica que la informalidad disminuya anualmente en 800 mil puestos por los próximos cuatro años.
La SNI estimó que este aumento se debe principalmente a los 220 mil jóvenes que ingresaron al mercado laboral, y que en su mayoría no encontraron una plaza de trabajo formal; y, de otro lado, a los 37 mil trabajadores que durante el último año pasaron de formales a informales, según las últimas cifras de empleo difundidas por el INEI.
La institución indicó que el nivel de informalidad se elevó de 72% a 73% en el último año.
“En el Perú cada dos minutos se crea un empleo informal. La informalidad laboral ya alcanzó la cifra récord de 11.9 millones de trabajadores (urbanos y rurales), consolidándonos como uno de los países más informales del mundo”, advirtió.
¿Por qué aumentó? La SNI afirmó que el sistema laboral peruano propicia la contratación informal, porque es más fácil y económico en comparación con lo rígido y costoso que es crear empleo formal.
En esa línea, señaló que reducir la informalidad debe ser una urgente política de Estado para la formalización laboral, la cual debe tener tres frentes: legislativo, regulatorio y judicial, responsabilidad de los tres poderes del Estado (Congreso, Gobierno y Poder Judicial), contando con los aportes del Consejo Nacional de Trabajo.
¿Qué plantean? Por ello, la Sociedad Nacional de Industrias plantea cuatro medidas que deberían ejecutarse en el corto plazo.
Primero, en el plano judicial y del control constitucional, propone: a) flexibilizar el criterio de protección contra el despido del Tribunal Constitucional (la estabilidad laboral absoluta), el cual se aparta del mandato constitucional original y de las prácticas de los países con los que competimos, que fomentan la estabilidad relativa; y b) preservar la estabilidad jurídica de la relación trabajador-empleador, con decisiones judiciales predecibles y ajustadas a Ley.
“Llamamos a los tres poderes del Estado a alinear sus acciones con reformas que permitan incluir en la formalidad a los 12 millones de trabajadores que hoy no gozan de los derechos a los que solo acceden una minoría de la población”, invocó el gremio industrial.
